Los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran una leve mejora en los indicadores sociales: la pobreza multidimensional se redujo de 17,1% a 15,6% en el 2024. En números absolutos, unas 81.500 personas dejaron de ser pobres. Sin embargo, detrás de este avance se esconde una paradoja: Paraguay mantiene un equilibrio macroeconómico envidiable, pero aún no logra traducirlo en una disminución sostenida de la desigualdad ni en un acceso equitativo a las oportunidades. El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026 debería ser la herramienta que corrija esa brecha.
Tanto el Banco Mundial como los estudios nacionales advierten que el crecimiento paraguayo ha sido “propobre” solo en los períodos de expansión acelerada del PIB. Cuando la economía se desacelera —como ocurrió en los últimos cuatro años—, el impacto redistributivo se estanca. La explicación es estructural: el modelo productivo se apoya en sectores de alta concentración de ingresos y bajo efecto multiplicador en el empleo.
El informe “Pobreza en Paraguay: crecimiento económico y conflicto redistributivo” señala que la verdadera vía para reducir la pobreza no es solo sostener la estabilidad macroeconómica, sino enfrentar las desigualdades que atraviesan todas las dimensiones de la vida social: tierra, ingresos, género, educación y territorio.
El PGN 2026 debe construir un consenso nacional sobre tres ejes:
1. Inversión pública con propósito. El financiamiento de políticas universales —educación, salud, cuidado y protección social— tiene el potencial de romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, siempre que se diseñen reconociendo las asimetrías y se acompañen de una estructura tributaria progresiva. El gasto social no debe ser un paliativo, sino una inversión estratégica.
2. Trabajo y productividad. El 85% de los ingresos de los hogares paraguayos provienen del empleo, pero la mayoría son de baja calidad o informales. De acuerdo con el Banco Mundial, la creación de 500.000 nuevos empleos formales —a través del fortalecimiento de Mipymes, agroindustrias modernas y servicios tecnológicos— podría reducir la pobreza en casi seis puntos porcentuales. Sin un plan nacional de empleo de calidad, la reducción de la pobreza seguirá dependiendo del azar del ciclo económico.
3. Protección social integral. La cobertura universal de salud y los seguros frente a riesgos —agroclimáticos o de desempleo— son esenciales para impedir que los hogares vuelvan a caer en pobreza. Programas como Tekoporã y la pensión alimentaria para adultos mayores mostraron alto impacto a bajo costo, pero siguen siendo islas dentro de un sistema fragmentado que distingue entre pobres y no pobres.
El Banco Mundial advierte además que la baja recaudación (11,2% del PIB) y el peso de los impuestos indirectos limitan la capacidad redistributiva del Estado. En otras palabras, Paraguay no tiene un problema de gasto, sino de justicia fiscal y eficiencia en la asignación de recursos.
El próximo PGN no puede repetir la lógica de los planes tecnocráticos que solo listan objetivos. Necesita un pacto social que priorice la reducción de desigualdades sobre la contención del déficit, y que mida el éxito no por la estabilidad de los números, sino por la cantidad de paraguayos que logran salir de la pobreza sin volver a caer.
Porque la estabilidad, sin equidad, es apenas una ilusión estadística.
Fuentes:
Instituto Nacional de Estadística (2025); Evaluación de Pobreza y Equidad en Paraguay (Banco Mundial, 2024); Pobreza en Paraguay: Crecimiento Económico y Conflicto Redistributivo (DGEEC, 2023).