La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), encabezada por el doctor Agustín Encina, cerrará el 2025 con un récord histórico de inhabilitaciones a proveedores. “La noticia principal no es solamente que se haya batido un récord, sino que, si seguimos así, podríamos llegar a tener hasta 200 personas físicas o jurídicas sancionadas”, afirmó Encina, al señalar que el hito se alcanzó aún con tres meses por delante para el cierre del año. Según la gacetilla institucional, el récord previo —vigente desde el 2017— fue superado, y el acumulado de la actual administración ya suma 331 inhabilitaciones, con un salto de 23% en el 2024 y otro 18% en el 2025 respecto a los años anteriores.
El crecimiento de sanciones no obedece a un operativo aislado, sino a una política sostenida de control, publicación y estandarización de criterios. “Empezamos a ver cómo estábamos en cantidad de investigaciones… y nos dimos cuenta de que habíamos superado el número”, recordó el titular de la DNCP. La institución detalla que los motivos más frecuentes son incumplimientos contractuales y provisión de información falsa, con mayor incidencia en obras de construcción y mantenimiento (30%), servicios de limpieza y reparaciones (18%), adquisición de equipos médicos y de laboratorio (8%) y servicios técnicos y consultorías (8%), entre otros rubros. Las cifras incluyen casos de proveedores sancionados más de una vez en el mismo año.
Encina subraya que el control no se agota en la DNCP. “Lo llamativo es que las convocantes no están haciendo su trabajo… no estamos viendo que el administrador del contrato haya aplicado multas o haya llevado a la rescisión de los contratos que no se ejecutan en forma”. Por eso, explica, la DNCP “toma el toro por las astas” y aplica inhabilitaciones no solo a las empresas, sino también a sus accionistas, tal como habilita la Ley 7021 de Contrataciones Públicas. El objetivo —recalca— es disuadir a quienes “intenten violar la ley” y ordenar el mercado para que “la compra se haga efectivamente, no para que una empresa se beneficie”.
El régimen sancionatorio busca proporcionalidad. “Primero apercibimos, salvo que el caso amerite inhabilitación. Cuando el caso es grave, uno ya va a tres meses, que es lo mínimo que establece la ley; de ahí, tres, seis, cinco, ocho meses, según la gravedad”. La DNCP dice aplicar criterios técnicos y publicar sus resoluciones como guía y precedente. “No te estoy sancionando porque se me antoja, sino porque es el mismo criterio que ya mantuvimos en tal proceso… para que haya claridad y se entienda que seguimos una línea”.
Esa línea, insiste Encina, es también un mensaje al ecosistema público. “Nosotros no adjudicamos ni descalificamos; solo controlamos si la institución convocante se manejó dentro del marco de la ley”. Pero reclama más firmeza de las unidades ejecutoras: multar y rescindir cuando corresponda, para evitar que se repitan incumplimientos que frenan obras, elevan costos y afectan servicios esenciales.
El titular de la DNCP advierte, asimismo, sobre los riesgos financieros de sanciones prolongadas en empresas que dependen exclusivamente del Estado. “Una empresa que vive de licitaciones públicas… si vuelve a ser sancionada por más de seis meses, prácticamente quiebra”. Por eso, explica, la respuesta prioriza racionalidad y graduación de la pena, sin perder el foco disuasorio ni la defensa del interés público. “Solamente existe una forma de hacer que los proveedores cumplan… y es demostrándoles que hay un ente que sanciona”.
Para Encina, el antecedente en transporte ilustra el impacto de ordenar el sector: “Cancelamos 16 empresas de transporte y, en vez de 50 informales, quedaron 34 medianamente formales que adquirieron aproximadamente 700 buses en tres años, con rampas para personas con discapacidad”. Trasladado a compras públicas, el mensaje es claro: criterios previsibles, controles efectivos y consecuencias ciertas.
Con el récord ya superado y la proyección de llegar a 200 inhabilitados a fin de año, la DNCP busca “levantar la vara lo máximo posible” y dejar estándares que obliguen a futuras administraciones. “Cada decisión que tomo… hay alguien que me quiere por millones de dólares y otro que me odia por millones”, admite Encina. Pero sostiene que el rumbo está definido: transparencia, competencia y cumplimiento. Porque en compras públicas, concluye, la línea que nadie debe cruzar tiene ahora una consecuencia tangible.