La región mira con atención a Caracas y Washington tras una exclusiva de The New York Times: el gobierno de Donald Trump autorizó en secreto a la CIA a llevar a cabo acciones encubiertas en Venezuela, un salto cualitativo en la campaña de presión de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. Según el reportaje firmado por Julian E. Barnes y Tyler Pager, la autorización —un presidential finding, en la jerga de inteligencia— habilita operaciones letales dentro del territorio venezolano y misiones en el Caribe, ya sea de forma unilateral por parte de la agencia o en coordinación con fuerzas militares. El diario precisa que no está claro si existen operaciones inminentes o si se trata de una medida de contingencia, pero el movimiento llega mientras el Pentágono afina opciones de escalada, incluidos ataques dentro de Venezuela.
El giro se inscribe en una campaña marítima ya en marcha. Desde el 2 de septiembre, Estados Unidos ha anunciado el hundimiento de al menos cinco embarcaciones a las que acusa de transportar drogas, con un saldo de 27 fallecidos. La Casa Blanca sostiene que se trata de una respuesta para proteger la seguridad nacional frente a “grupos armados no estatales” ligados al narcotráfico, argumento que la administración Trump notificó al Congreso al afirmar que el país se halla en un “conflicto armado” con ciertos cárteles. No obstante, The New York Times recuerda que no se han identificado públicamente las víctimas de esos ataques ni precisado qué drogas transportaban las lanchas, y recoge críticas de expertos y organizaciones de derechos humanos que cuestionan la legalidad del uso letal de la fuerza en alta mar.
El dispositivo militar que respalda la presión no es menor. De acuerdo con la información citada por el Times, hay unos 10.000 soldados estadounidenses en la región, en su mayoría en bases de Puerto Rico, además de un contingente de infantes de Marina embarcados. En el Caribe operan ocho buques de guerra de superficie y un submarino, con medios aéreos embarcados. “Si estás en nuestro hemisferio, en el Caribe, al norte de Venezuela, y quieres traficar drogas hacia Estados Unidos, eres un objetivo legítimo”, sintetizó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, sobre el despliegue.
En el frente político, la Casa Blanca dio por terminados los contactos diplomáticos con Caracas, frustrada —según el Times— por la negativa de Maduro a abandonar el poder y por las reiteradas desmentidas del chavismo sobre vínculos con el narcotráfico. Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a la detención de Maduro y designó al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera. La narrativa oficial describe al venezolano como “narcoterrorista”; sin embargo, evaluaciones de agencias de inteligencia citadas por el Times matizan algunas de esas afirmaciones.
La autorización encubierta es una de las herramientas más opacas del poder ejecutivo estadounidense. Su texto es clasificado, se informa solo a comités selectos del Congreso y suele renovarse entre administraciones. Históricamente, la CIA ha cooperado con gobiernos latinoamericanos en intercambio de inteligencia y apoyo a operaciones antinarcóticos, pero sin luz verde para operaciones letales directas. Bajo la égida del director John Ratcliffe, apunta el Times, la agencia abrazó una postura más agresiva, “menos reacia al riesgo”, y la estrategia hacia Venezuela —en la que también figura el secretario de Estado Marco Rubio— tiene como objetivo explícito la salida de Maduro.
El contexto interno en Venezuela se tensiona en paralelo. Maduro moviliza a las Fuerzas Armadas con ejercicios casi semanales, especialmente en zonas costeras, y denuncia que el argumento antidrogas encubre un intento de cambio de régimen por presión o por la fuerza. En el plano internacional, la reciente concesión del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado —mencionada por el Times— eleva el listón simbólico y multiplica el escrutinio sobre Caracas y sobre cualquier aventura militar que recuerde los precedentes de Libia, Afganistán o Irak, comparaciones que Trump ha dicho no pretende reeditar.
Mirado en perspectiva, el historial de operaciones encubiertas de la CIA en América Latina es ambivalente: de Guatemala (1954) a la Bahía de Cochinos (1961), Brasil (1964), Chile (1973) y la “contra” nicaragüense en los ochenta, la región conoce los costos y riesgos de este tipo de intervenciones. La nueva fase descrita por The New York Times combina disuasión marítima, hallazgos presidenciales que habilitan la acción clandestina y un cerco político-diplomático que busca, con mensajes de fuerza, acelerar una transición en Caracas. Cómo se ejecute —y hasta dónde— marcará no solo el futuro inmediato de Venezuela, sino también los límites de la política de poder estadounidense en el hemisferio.