La iniciativa cobra nuevo impulso tras el asesinato del teniente coronel Guillermo Moral, perpetrado presuntamente por un sicario de 16 años, según las investigaciones policiales.
Las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados limitan el aumento a 10 años, basándose en tratados internacionales suscritos por Paraguay.
Cambiar la estructura social
El comisionado nacional del MNP, Orlando Castillo, conversó con La Tribuna sobre este proyecto legislativo e indicó que abordar este problema desde una óptica meramente punitiva representa un retroceso a los esfuerzos por disminuir y erradicar los hechos delictivos y criminales de menores de edad.
“Sancionar con mayor rigurosidad a niños y adolescentes cuando cometen algún tipo de hecho punible nos lleva a pensar más que en una política penal más que de seguridad”. “Nos lleva a conclusiones de políticas punitivas que en realidad no buscan modificar la estructura que ha llevado a ese niño o adolescente a la comisión del hecho”, dijo.
Y luego advirtió: “Ya sea 10 o 15 años, esto representa un retroceso del sistema penal adolescente establecido en la Ley 1.680 Código de la Niñez y la Adolescencia, que establece un máximo de 8 años”. “Que es prudente para los casos que puedan ser considerados como crímenes graves, pero que también tiene una mirada educativa”, apuntó.
Pensar en lo que falló
Castillo subrayó que para la elaboración de estos proyectos se deben analizar los tiempos y lugares en los que el Estado falló para con los niños y adolescentes que terminaron en la comisión de delitos y crímenes.
Aseguró que ninguna pena que se piense para adolescentes “puede tener un efecto positivo si no se da la mirada educativa y aquí no hay una mirada educativa”. Afirmó que en estos proyectos no se consideran elementos importantes que hacen a todo lo relacionado a modificar y a establecer infraestructura que los rodea.
También resaltó que el sistema penal adolescente sigue teniendo jurisdicción sobre los adultos que fueron sentenciados dentro del sistema “y eso no se está observando, no se está viendo, no se está previendo”.
Mayor presencia
El abogado, con amplia trayectoria en trabajos con niñez y adolescencia, reconoció que el crimen organizado se “surte” de los menores de edad para los trabajos de crimen, lo que se convirtió en un flagelo social en los últimos años en Paraguay.
Sobre eso, destaca que el Estado debe fortalecer su presencia en lugares asediados por la pobreza y la falta de oportunidades.
“Aquí es importante no criminalizar a la infancia, no criminalizar a los niños y adolescentes. Aquí es importante ver qué políticas preventivas puede desarrollar el Estado a la hora de observar este fenómeno que se viene dando”, observó.
A su juicio, para contrarrestar el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales, el Estado precisa marcar una presencia efectiva “que evite que estos niños sean utilizados por el crimen”.
Insiste en su propuesta
El senador proyectista, José Oviedo, indicó ante los medios de prensa que, pese a la modificación de los parlamentarios, se ratificaría en intención de elevar la pena a quince años como indica la versión del Senado. De hecho, su propuesta inicial era de veinte años.
Sobre este proyecto, uno de los que pidió cautela al evaluar estos pedidos fue el senador liberal Enrique Salym Buzarquis. Si bien reconoció que los grupos criminales reclutan a los menores para cometer sus actos, exhortó a sus colegas a debatir el tema a profundidad.
“Hay que estudiar bien hasta cuánto elevar las penas. No quiero equivocarme en esto, porque el Código Penal tiene una estructura orgánica y cualquier cambio debe mantener coherencia”, declaró.