La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley que eleva las penas aplicables a menores de edad en conflicto con la ley penal, estableciendo un límite de 10 años de prisión como máxima sanción. La iniciativa original, promovida por el senador José Oviedo, contemplaba 15 años, mientras que él mismo había propuesto hasta 20 en casos extremos.
El proyecto ahora retorna al Senado, donde los legisladores deberán decidir si ratifican la versión original o se adhieren a la versión modificada por Diputados. La decisión genera un debate centrado en la proporcionalidad de las penas, la protección de los derechos del adolescente y la seguridad de la sociedad.
Oviedo advierte sobre insuficiencia de la pena
El senador Oviedo sostuvo que el límite de 10 años podría ser insuficiente ante delitos graves cometidos por adolescentes que actúan con premeditación y pleno uso de sus facultades mentales. Recordó que la legislación vigente distingue entre readaptación del condenado y protección de la sociedad, y que la pena debería cumplir ambas funciones de manera efectiva.
“Muchos jóvenes utilizan la flexibilidad de la pena actual para delinquir. Diez años podrían no ser suficientes para garantizar una verdadera reeducación ni proteger adecuadamente a la sociedad”, señaló Oviedo, quien adelantó su intención de ratificar la versión del Senado de 15 años, siempre evaluando la viabilidad del sistema penitenciario y educativo juvenil.
Convenios internacionales limitan la sanción
En el debate, los legisladores reconocieron que Paraguay suscribe tratados y convenios internacionales de derechos del niño que recomiendan límites de reclusión para menores. La reducción de 15 a 10 años en Diputados responde a estas obligaciones, que buscan garantizar un enfoque educativo y de reinserción, evitando sanciones excesivamente punitivas para adolescentes.
La senadora Lizarella Valiente coincidió en que, si bien la pena de 10 años es prácticamente el máximo permitido bajo la normativa internacional, existe preocupación sobre su efectividad en casos graves. Señaló la necesidad de un análisis integral que contemple la realidad del sistema penitenciario, los programas de reinserción y la prevención del delito.
Enfoque en reinserción y protección social
Tanto Oviedo como Valiente coincidieron en que la discusión no se limita a la cifra de años de prisión, sino al fortalecimiento de un sistema que cumpla sus objetivos de reeducación.
Destacaron que los jóvenes que cumplen la mayoría de edad en centros de reclusión juvenil deben ser trasladados a penitenciarías de adultos, lo que plantea desafíos para su formación y reintegración social.
Además, se resaltó la importancia de capacitar a los adolescentes, adecuar regulaciones y generar oportunidades de educación y empleo al egresar, asegurando que la pena cumpla su función preventiva y de transformación.
Próximos pasos legislativos
El proyecto será nuevamente analizado en el Senado, que deberá decidir si mantiene la propuesta original de 15 años o respalda la modificación de Diputados con 10 años de pena máxima, respetando los tratados internacionales.