Consultado sobre cómo se evitarán sobrecostos, el ingeniero responsable explicó que la estructura financiera se basa en el Pago Diferido de Inversión (PDI), que se ejecutará durante 15 años una vez finalizadas las obras y habilitada la ruta al servicio. “Es un esquema llave en mano: el contratista asume los riesgos de diseño, construcción y costos, bajo condiciones previamente establecidas y en un proceso de licitación altamente competitivo”, señaló.
El modelo contempla además un aporte de capital propio de 80 millones de dólares por parte del consorcio adjudicado, Rutas del Mercosur, integrado por empresas locales y extranjeras. “No es que las constructoras esperan conseguir financistas luego de adjudicarse. Aquí hay un compromiso inmediato, que convierte al sector privado en socio del Estado y garantiza que los riesgos financieros y de ejecución no recaigan en el erario público”, agregó.
El tramo beneficiado se extiende desde Cuatro Mojones hasta Quiindy, abarcando más de 100 kilómetros. La duplicación entre Ytororó y Paraguarí y la rehabilitación del tramo hasta Quiindy mejorarán la conectividad de Asunción y el área metropolitana, donde vive casi un tercio de la población. Según los estudios de factibilidad, 2,6 millones de personas se verán impactadas directamente, con beneficios económicos y sociales que van desde la reducción de tiempos de viaje hasta el fortalecimiento del turismo y la producción agrícola e industrial en el sur del país.
El proyecto incluye la construcción de enlaces a desnivel en San Antonio, Ypané, Guarambaré e Itá, además de intercambiadores, pasarelas, paradas de ómnibus, nuevas variantes y la rehabilitación de puentes. Estos trabajos buscan elevar los estándares de seguridad vial y reducir la accidentabilidad en un corredor donde el flujo de vehículos pesados y de pasajeros es constante.
Garantías sociales y ambientales para la comunidad
El ingeniero destacó que las APP de esta magnitud están sujetas a salvaguardas internacionales de nivel superior a la legislación local. “Son exigencias de los propios financistas multilaterales, que obligan a cumplir protocolos estrictos en materia ambiental y social. Eso significa procesos de reubicación, mitigación de impactos y protección de derechos de las comunidades con estándares internacionales”, explicó.
La licitación de la Ruta PY01 introdujo por primera vez en Paraguay el mecanismo de diálogo competitivo. Esta herramienta permitió que el Estado compartiera el proyecto preliminar con las empresas interesadas y recogiera observaciones técnicas para optimizar la propuesta final. Como resultado, se redefinió el número de tramos y se ajustaron condiciones contractuales para garantizar la viabilidad del emprendimiento.
“Es un contrato público de envergadura inédita en Paraguay, el segundo bajo la Ley de APP y el primero en usar este modelo de diálogo. Nos coloca en línea con estándares internacionales y abre la posibilidad de seguir cerrando brechas de infraestructura mediante esquemas que comparten riesgos y beneficios entre el Estado y el sector privado”, resaltó el ingeniero.
La firma del contrato está prevista para dentro de tres meses, y el concesionario deberá disponer en el corto plazo de unos 40 millones de dólares iniciales para arrancar las obras. Con cuatro años de plazo para la construcción, la expectativa es que la duplicación de la PY01 se convierta en un referente de gestión moderna de la infraestructura pública.