El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó que las máquinas de votación electrónica serán arrendadas únicamente para las elecciones municipales del 2026, previstas para el 4 de octubre, así como para las internas simultáneas programadas para el 7 de junio del mismo año. El presidente del TSJE, Jaime Bestard, informó que el pliego de bases y condiciones para la licitación se encuentra en fase final y será remitido a la Dirección de Contrataciones Públicas.
Bestard explicó que la decisión de alquilar responde a una estrategia diferente a la compra definitiva, suspendida anteriormente tras debates políticos y cuestionamientos.
“Obviamente, el escenario al ser arrendamiento y no compra cambia de manera sustancial, porque este es un arrendamiento que va a tener efecto solamente para las municipales”, señaló.
El ministro añadió que el procedimiento se hará por la vía de excepción debido a la premura de los plazos. El TSJE necesita disponer de las máquinas al menos 60 días antes de junio de 2026 para pruebas técnicas, capacitaciones y preparación logística de los comicios.
Un plan piloto con biometría en debate
El presidente del TSJE adelantó que la institución mantiene firme la propuesta de implementar un sistema de control biométrico en los procesos electorales, aunque su puesta en práctica está condicionada al presupuesto del próximo año.
“La biometría es un complemento final que necesitamos para evitar la simulación de identidad de personas que quieran votar haciéndose pasar por otros”, manifestó Bestard. Indicó que la iniciativa sigue en debate en el Congreso y que dependerá de una eventual ampliación presupuestaria.
El ministro explicó que el proyecto contempla iniciar con una prueba piloto en la capital y las capitales departamentales durante las elecciones municipales de octubre de 2026. “Si el Parlamento decide una ampliación, se podría implementar un plan piloto en capital y capitales departamentales”, puntualizó.
Presupuesto 2026 será clave en el Congreso
El TSJE debe defender su propuesta de presupuesto el 6 de octubre ante la Comisión Bicameral del Congreso. Bestard reconoció que los costos para implementar la biometría son elevados, en especial por la necesidad de crear una base de datos robusta que sustente el sistema.
De acuerdo con lo explicado, el plan piloto permitiría a la ciudadanía familiarizarse con el uso de la tecnología y evaluar su eficacia antes de una eventual implementación generalizada en elecciones futuras. Esta alternativa se plantea como una salida intermedia para avanzar en mecanismos de control sin comprometer recursos permanentes en el corto plazo.
Confianza y credibilidad en el centro del proceso
Bestard subrayó que el desafío principal del órgano electoral no es únicamente técnico, sino de confianza ciudadana. “Ningún proceso electoral funciona si no tiene la confianza de la ciudadanía”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que el arrendamiento de máquinas y la propuesta de biometría buscan fortalecer la credibilidad del sistema en un contexto de debates sobre la transparencia electoral.
El titular del TSJE recordó que la institución trabaja con acompañamiento internacional y que las experiencias compartidas en foros regionales coinciden en que la confianza pública es un pilar en todos los procesos. También señaló que, pese a las críticas sobre posibles fraudes, los resultados en Paraguay siempre fueron respetados, incluso con diferencias mínimas en el conteo.
Bestard reiteró que la biometría puede convertirse en una herramienta clave para reforzar la seguridad y la legitimidad de los procesos electorales. La decisión final dependerá del Congreso y de la asignación presupuestaria para el año 2026.