Uno de los datos más relevantes del informe es que el 18,4 % de los jóvenes vive en situación de pobreza, lo que equivale a más de 275.000 personas.
La desigualdad territorial divide de manera enorme, ya que mientras en áreas urbanas la pobreza juvenil se ubica en 15,1 %, en las rurales sube a 24,3 %. Estas cifras dejan entrever que las condiciones geográficas afectan e influyen en las oportunidades de desarrollo.
En cuanto a la educación, más de la mitad de los jóvenes de entre 15 y 24 años (51,6 %) asiste a una institución educativa formal. Esta cobertura, sin embargo, no es uniforme, ya que en zonas urbanas alcanza al 55,6 % y en rurales un 44,5 %.
El vínculo entre la calidad de enseñanza y necesidades reales del mercado laboral es un desafío pendiente, ya que ambos tienen relación directa. Aunque muchos jóvenes logran culminar el nivel secundario, eso no siempre garantiza la inserción en trabajos formales.
El informe señala que 6 de cada 10 jóvenes participan de alguna actividad económica. Gran parte de la población juvenil está inserta en ocupaciones informales o con ingresos bajos, lo que limita su capacidad de ahorro y su estabilidad económica.
Un dato llamativo es el bajo nivel de protección social, tan solo el 23,5 % de los jóvenes cuenta con seguro médico, cifra que en áreas rurales desciende al 12,9 %.
El estudio también analiza la situación familiar de los jóvenes y encuentra que siete de cada diez se declaran solteros, mientras que dos de cada diez viven en pareja, ya sea casados o en unión libre. Estos números exponen que las condiciones económicas influyen en la postergación de decisiones vinculadas a la vida en familia, como la adquisición de una vivienda.
La diferencia entre áreas urbanas y rurales se repite en distintos ámbitos. En lo educativo, en lo laboral y en el acceso a servicios básicos, los jóvenes del campo enfrentan más barreras que los de la ciudad.
No obstante, la juventud paraguaya sigue representando un capital estratégico. Su peso demográfico y su potencial productivo constituyen una oportunidad para impulsar el crecimiento económico y la cohesión social, siempre que se logren políticas de inclusión más efectivas.