Una decisión unilateral del gobierno argentino de incrementar el peaje en un tramo neurálgico de la Hidrovía Paraguay–Paraná ha desatado una crisis económica y diplomática de gran magnitud. El ajuste, que llevó la tarifa de USD 1,20 a USD 1,47 por tonelada de registro neto (TRN) en el tramo Santa Fe–Confluencia desde septiembre, amenaza la estabilidad de la principal arteria comercial del Paraguay y reaviva un conflicto histórico en torno a la integración regional.
La Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) asumió el liderazgo de la respuesta gremial con la Nota N.° 26/2025, firmada por su presidente Daniel Prieto Davey. En ella, denuncia la medida como una violación flagrante de los tratados internacionales que regulan la navegación de la hidrovía y exige al gobierno paraguayo la activación inmediata de un proceso de arbitraje internacional.
El trasfondo del conflicto
La Hidrovía no es solo un corredor logístico, alberga el 80 % del comercio exterior del Paraguay, desde exportaciones estratégicas como soja, carne y arroz, hasta importaciones vitales como combustibles, fertilizantes y maquinarias. Alterar sus condiciones operativas equivale a un golpe directo a la columna vertebral de la economía nacional.
El término “unilateral” se convirtió en el eje del reclamo paraguayo. Para los gremios, no se trata de un ajuste administrativo, sino de un acto político que rompe el principio de cooperación establecido en los acuerdos multilaterales. Además, remarcan que Argentina no presentó pruebas de obras, mejoras de infraestructura o servicios adicionales que justifiquen el aumento. En consecuencia, el peaje es percibido como un impuesto arbitrario y no como una tasa vinculada a servicios reales.
La reacción de Feprinco fue inmediata y articulada. El documento oficial remarca dos puntos: la ilegalidad de la medida, al vulnerar tratados que exigen consenso entre los países firmantes, y la ausencia total de justificación técnica. La posición fue reforzada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), que envió notas a Cancillería, al Ministerio de Industria y Comercio, al MOPC, a la Dirección de Marina Mercante y a la ANNP solicitando acciones urgentes.
La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), a través de su director ejecutivo Hugo Pastore, se sumó al reclamo, advirtiendo que el costo se trasladará inevitablemente al productor y al consumidor. “El productor recibirá menos ingresos por su mercadería y los bienes importados, como el combustible, serán más caros para la población”, sostuvo.
Este frente gremial unificado refleja un nivel de coordinación sin precedentes, en el que el sector privado no se limita a presionar, sino que aporta un marco jurídico y económico sólido al Estado para sostener una demanda internacional.
El impacto económico
Los cálculos son claros, el aumento implica un sobrecosto anual de entre USD 40 y USD 50 millones para Paraguay. Este encarecimiento se multiplica a lo largo de la cadena de valor. En las exportaciones significa menores ingresos para productores de oleaginosas, carne o arroz. En las importaciones elevan los costos de combustibles y fertilizantes, que se traducen en precios más altos para la industria y los consumidores finales.
Mientras países vecinos buscan reducir costos logísticos para ganar mercados, Paraguay enfrenta una barrera estructural que erosiona su competitividad. La medida no solo afecta a empresas y gremios, impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos.
Con el fracaso del diálogo bilateral, la opción del arbitraje internacional se presenta como la única vía para resguardar los intereses nacionales. Feprinco y la CNCSP coinciden en que Argentina violó los compromisos asumidos en los tratados de la hidrovía, y que solo un tribunal imparcial podrá restablecer el equilibrio jurídico en el corredor fluvial.
No es la primera vez que la Hidrovía se convierte en un punto de fricción. Reclamos anteriores por trabas burocráticas y diferencias tarifarias ya habían expuesto la fragilidad del sistema. Sin embargo, el actual conflicto resalta con fuerza la vulnerabilidad de un país sin salida al mar, que depende de acuerdos regionales para mantener abierta su principal ruta comercial.
Un caso de soberanía económica
Más allá de la tarifa, lo que está en juego es la capacidad de Paraguay de defender su soberanía económica frente a decisiones unilaterales de países con mayor peso geopolítico. El llamado a arbitraje es una apuesta al derecho internacional como única herramienta capaz de nivelar el campo de juego.
La crisis actual será, sin duda, una prueba no solo para el comercio paraguayo, sino también para la solidez de los mecanismos de cooperación regional. En palabras de un referente gremial, “cualquier modificación en las condiciones de uso de la hidrovía se siente como un golpe directo al corazón de nuestra economía”.