El Congreso Nacional estableció que la reforma del transporte público será tratada en el Senado el próximo 10 de septiembre, luego de que la discusión prevista inicialmente se suspendiera en medio de tensiones con los gremios de choferes. La decisión se adoptó tras un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, el Viceministerio de Transporte y representantes sindicales, lo que permitió frenar el paro anunciado para los días 3 y 4 de septiembre.
Choferes presionan con reclamos laborales
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, plantea reemplazar las 36 empresas de transporte actuales por ocho consorcios mixtos, conformados por capital público y privado.
Los choferes expresaron su respaldo a la reforma, pero remarcaron que necesitan certezas sobre la absorción del personal en los nuevos consorcios. La mayoría de los trabajadores supera los 40 años y exige garantías de estabilidad laboral antes de acompañar el proceso.
En este contexto, los sindicatos entregarán hasta este viernes sus propuestas de modificación. La Cámara Alta analizará cuáles de esas demandas pueden ser incorporadas antes de la sesión del 10 de septiembre, fecha en la que el tema será tratado como único punto del orden del día.
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Nueva fecha con compromiso de diálogo
El aplazamiento de ocho días busca generar un espacio de diálogo entre autoridades y trabajadores. Legisladores explicaron que cualquier ajuste requerirá levantar el tratamiento de código, ya que el proyecto cuenta con más de 120 artículos. Esa dinámica permitiría modificar únicamente los puntos cuestionados por los choferes, sin reabrir la discusión de todo el texto.
El senador Basilio Núñez, recientemente electo presidente del Congreso, acompañó la decisión de establecer la nueva fecha y aseguró que el debate de la próxima semana será determinante para el futuro del sistema de transporte público en nuestro país.
Expectativa por la sesión del 10 de septiembre
Los gremios mantienen la presión a la espera de una resolución clara. La sesión del 10 de septiembre se presenta como un momento clave, ya que allí se definirá si los reclamos sindicales tendrán cabida dentro de la reforma.
Tanto el Ejecutivo como el Legislativo buscan evitar nuevas medidas de fuerza que puedan afectar a miles de usuarios del transporte público en nuestro país.
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