La Fiscalía y la Policía Nacional ejecutaron tres allanamientos en simultáneo en Ciudad del Este, Capiatá y San Antonio en el marco de la operación internacional Aliados por la Infancia. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen de la, confirmó detenciones y la incautación de evidencias vinculadas a material de abuso sexual infantil.
Los equipos actuaron con órdenes judiciales y objetivos definidos para cortar redes de consumo y distribución.
La causa se caratuló como persona nominada por pornografía relativa a niños y adolescentes y partió del análisis de más de 500 archivos detectados en Paraguay.
Los investigadores identificaron dispositivos, asociaron usuarios y solicitaron datos a proveedoras de internet para ubicar a los responsables. El procedimiento continuó en campo con la verificación de domicilios y la preservación de evidencias digitales.
Alarcón precisó que la mayoría de los contenidos corresponde a videos de abuso y que los usuarios accedían a ellos a través de redes públicas de intercambio de archivos. El operativo apuntó a quienes descargan, almacenan, comparten o promueven ese material ilícito. La investigación no se limita al consumo, también persigue la distribución y la eventual producción.
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Detenidos y verificaciones en tres ciudades
Los agentes detuvieron a dos hombres mayores de 30 años en Capiatá y San Antonio, según confirmó el comisario Alarcón. En Ciudad del Este los intervinientes verifican el domicilio vinculado al caso, ya que algunos objetivos cambiaron de residencia. La Policía resguarda los equipos informáticos y documenta cada hallazgo para su peritaje.
El Departamento de Cibercrimen y la Unidad Especializada de Delitos Informáticos trabajaron de manera coordinada durante todo el despliegue. Los fiscales dirigieron las diligencias y ordenaron los procedimientos necesarios para asegurar cadena de custodia. La evidencia extraída permitirá trazar la ruta de los archivos y el grado de participación de cada sospechoso.
Alarcón remarcó que cada dispositivo tiene dueño y operador identificable, y que los investigadores ya individualizan cuentas y accesos. El cruce de logs y metadatos facilitará nuevos actos investigativos. La pesquisa continuará con informes técnicos y eventuales imputaciones.
Alcance internacional y resultados globales
Aliados por la Infancia reúne a 15 países y ya suma más de 83 allanamientos, más de 30 detenidos y más de 500 equipos incautados. Las autoridades reportan más de 10.000 archivos analizados en el plano regional, con patrones coincidentes de intercambio en redes públicas. Paraguay aporta casos activos, detenciones y evidencia digital para la consolidación internacional.
La operación documenta cómo usuarios anónimos comparten contenidos ilícitos mediante aplicaciones de intercambio, donde cada computadora funciona como nodo. Ese esquema facilita la descarga y la redistribución, por lo que los investigadores monitorean búsquedas, hashes y coincidencias. El objetivo consiste en retirar el material, identificar a quienes lo propagan y judicializar cada conducta.
Las cifras globales incluyen rescates y apartamientos urgentes de entornos de riesgo cuando corresponde. Las instituciones articulan información para detectar nuevos vínculos y prevenir revictimización. El intercambio de datos entre países acelera las medidas de protección y prosecución penal.
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Protección de niñas y niños y marco legal
Las autoridades ya rescataron a 15 niñas y niños en el marco del procedimiento internacional. En Paraguay, cuando un detenido convive con menores, la Fiscalía coordina con el Ministerio de la Niñez y juzgados especializados para garantizar resguardo inmediato. Los equipos técnicos evalúan el entorno y definen medidas de protección.
El artículo 140 del Código Penal sanciona la tenencia, el consumo, la distribución, la comercialización y la producción de pornografía infantil. Las penas pueden llegar hasta 10 años de prisión según la conducta comprobada y las agravantes. Los casos avanzan a juicio oral con base en informes periciales, trazabilidad de archivos y testimonios.
Alarcón subrayó que el consumo también constituye delito y activa responsabilidad penal. La descarga o el almacenamiento de estos contenidos configura una conducta punible. Las pesquisas continúan para determinar si hubo distribución, comercialización o abusos en el entorno de los investigados.