La Asociación de Jueces del Paraguay (AJP) expresó su respaldo a las cuatro magistradas que constataron la existencia de celdas VIP en la Penitenciaría de Emboscada, revelando un esquema de corrupción dentro del sistema penitenciario.
La organización cuestionó además al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, por sus declaraciones posteriores a la denuncia y por poner en duda la labor de las juezas.
Procesados pagaban por lujos
Desde la AJP se emitió un comunicado oficial tras las declaraciones de Nicora, quien cuestionó la actuación de las juezas de Ejecución Penal durante la intervención en el penal y aseguró que su trabajo entorpece investigaciones de inteligencia.
El gremio respondió: “Expresamos nuestro total respaldo a la labor de las cuatro juezas de Ejecución Penal que, en cumplimiento de sus deberes, intervinieron y comunicaron la existencia de celdas vip en la Penitenciaría de Emboscada”.
Las magistradas presentaron un informe detallado sobre las comodidades y lujos a los que accedían algunos reclusos, entre ellos procesados en el caso A Ultranza Py, quienes pagaban hasta G.300.000 mensuales por estos privilegios.
La AJP resaltó que las juezas cumplieron con lo establecido por la legislación paraguaya y lamentó las declaraciones del ministro Nicora, calificándolas de “desafortunadas”.
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Defensa de la independencia judicial
El gremio subrayó que los jueces y juezas ejercen sus funciones con independencia, conforme a la Constitución y las leyes, y rechazó cualquier intento de descalificación o presión sobre su labor. “La independencia judicial es garantía esencial de la democracia y del Estado Social de Derecho”, enfatizó la AJP, reiterando la importancia de proteger a los magistrados en el ejercicio de sus funciones.
El hallazgo de las celdas vip se produjo durante una visita sorpresa al penal, destinada a verificar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad. A pesar de algunos obstáculos, las juezas confirmaron que la corrupción sigue siendo una debilidad estructural del sistema penitenciario paraguayo.
Consecuencias en la administración del penal
Como medida inmediata, el director del penal, Humberto René González, fue apartado de su cargo mientras dure la intervención de 30 días. No obstante, el funcionario mantiene la confianza del ministro Nicora.
La AJP insistió en la necesidad de garantizar igualdad en las condiciones de reclusión para todos los internos, sin privilegios ocultos ni tratos preferenciales, y reafirmó que la vigilancia judicial es fundamental para combatir la corrupción en los penales del país.
Apoyo de la Asociación de Magistradas Judiciales
La Asociación de Magistradas Judiciales de la República del Paraguay (AMJRP) también emitió un comunicado expresando su respaldo a las magistradas de ejecución penal que realizaron la inspección en Emboscada. El gremio destacó que las juezas fueron objeto de trato irrespetuoso, discriminatorio y de menosprecio a su investidura judicial.
La AMJRP rechazó categóricamente toda manifestación de violencia simbólica o verbal, sobre todo cuando evidencia subestimación por razón de género, calificando estas actitudes como prácticas intolerables y contrarias a los principios del Estado de derecho y los derechos humanos. Subrayó que las magistradas garantizan el respeto a la dignidad de los internos y la legalidad de las condiciones de cumplimiento de las penas.
El comunicado concluye solicitando que se adopten las medidas y sanciones necesarias para que ninguna magistrada vuelva a ser objeto de discriminación o violencia institucional en el ejercicio de su cargo.
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