El contralor general, Camilo Benítez Aldana, por nota dirigida al presidente del BCP, había solicitado informes detallados sobre las disposiciones contenidas en el Acta N° 30 de la Sesión del Directorio del BCP del 8 de junio de 2023, específicamente el punto relacionado con la conclusión del sumario administrativo instruido a Interfisa Banco. Por la referida resolución esta entidad financiera y ocho de sus exdirectivos habían recibido fuertes sanciones por presuntos manejos irregulares, ocultamiento de pérdidas y otras anomalías contables.
La solicitud de la contraloría consta de 18 puntos que exigen esclarecimiento sobre las denuncias. Entre los documentos requeridos se encuentran los antecedentes que dieron origen al sumario administrativo, la resolución que designó a los jueces sumariantes, la fecha en que el BCP tuvo conocimiento de los hechos y la fecha de inicio del sumario. También se solicita información sobre el período abarcado por el sumario y la nómina de los jueces sumariantes, incluyendo datos como nombre, cargo y antigüedad como funcionarios.
Además, la actuación del director del BCP, Fernando Filártiga, es cuestionada debido a un posible conflicto de intereses. Se destaca que Filártiga trabajó anteriormente en Interfisa como empleado del área legal. La contraloría solicita información sobre el período en que Filártiga se desempeñó como asesor jurídico en la entidad sometida a sumario, así como la fecha en que asumió como miembro del BCP.
La contraloría también solicita al BCP que remita la nómina de los directivos responsables de Interfisa durante el período del sumario, así como la nómina de los titulares de la Superintendencia de Bancos y otros directivos involucrados en el proceso. Asimismo, se requiere al presidente Cantero Sienra que informe sobre el criterio utilizado para la selección del abogado sumariante y la unidad encargada de evaluar la gestión de los abogados designados para instruir los sumarios administrativos.
La nota de la contraloría advierte al BCP que cualquier documentación e informe que no pueda ser suministrado deberá ser comunicado por escrito, y la falta de respuesta será considerada como una indicación de que la institución no dispone de la información solicitada, lo cual será informado a las instancias pertinentes.
El plazo otorgado al presidente del Banco Central del Paraguay para remitir los documentos pertinentes vence el martes, y se espera que la contraloría obtenga la información necesaria para avanzar en la investigación sobre el escándalo de autoblanqueo que involucra a Interfisa Banco y a los ex funcionarios del BCP.