PIRAPÓ, Itapúa. El Ministerio Público investiga un posible esquema de estafas a pequeños productores a través de créditos fraudulentos otorgados por el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) de Pirapó. Hasta ahora hay siete denuncias en la Fiscalía Zonal Colonias Unidas.
El fiscal en lo penal, Héctor Garay, titular de la Unidad 2 de la Fiscalía Zonal, confirmó que en su dependencia existen cinco denuncias, mientras que en la Unidad 1, a cargo del fiscal Reinaldo Castillo, existen dos causas.
El proceso, sin embargo, avanza lento debido a la demora en las respuestas a los pedidos de informes realizados en el marco de la investigación penal. Los fiscales hablan de unificar las causas para darle mayor celeridad.
Las denuncias apuntan como presunta principal responsable a una única funcionaria del CAH, Ing. Celeste Rivas. Fuentes fiables en la institución, sin embargo, advirtieron que la misma hace meses renunció al cargo y viajó a España. El dato no pudo ser contrastado con autoridades de la entidad.
Para la fiscalía, sin embargo, existe la presunción de que la funcionaria no actuó sola, y que habría terceros involucrados en el tema. Un proceso de otorgamiento de créditos implica trámites burocráticos que no están sujetos a un único funcionario.
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“Pedimos varios informes, copias de cheques, manual de funciones, para ver quién más intervino en el proceso”, apuntó el fiscal Garay.
El esquema del fraude
De acuerdo a las denuncias, el esquema fraudulento consiste -en ciertos casos- en utilizar datos de clientes ya existentes en el sistema informático del CAH. Las operaciones se realizan en desconocimiento del presunto beneficiario.
Una vez aprobado el crédito, el recurso está disponible para el beneficiario mediante un cheque, el cual es endosado y cobrado por un tercero. Esto ocurre a espaldas del cliente, quien luego se entera que tiene una deuda pendiente en la entidad.
Toda la operatoria necesariamente implica la intervención de distintas dependencias de la entidad bancaria, por lo que se sospecha que debe existir una red que involucra a otros funcionarios, según se indicó. La cuestión es dilucidar hasta qué niveles de responsabilidad llega la participación en los hechos.
Para determinar los alcances del involucramiento, la fiscalía solicitó un manual de operaciones, y solicitó informes bancarios para saber quién o quiénes efectivizaron esos cheques.
Auditoría
En junio pasado el Consejo Directivo del CAH dispuso la intervención del Centro de Atención al Cliente de Pirapó, y dispuso la suspensión de funciones del jefe de la unidad, Celso Misael Cabrera, y del asesor al cliente, Cornelio Martínez Medina.
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La intervención tenía un término de 15 días hábiles. El plazo, sin embargo, podría ampliarse de ser necesario, según nos había confirmado en su oportunidad el supervisor de los trabajos de intervención, Lic. Javier Palacios Silva.
Consultamos al funcionario sobre si ya culminó el proceso de intervención, pero no obtuvimos respuesta.
En Coronel Bogado
Otro caso de similares características ocurrió en la sucursal Coronel Bogado del CAH, meses atrás. Se abrió una causa caratulada “Emilio Bonifacio Martínez Quiroga y otros sobre producción inmediata de documentos públicos de contenido falso”. a cargo del fiscal en lo penal Rodolfo Colmán, de la Unidad Zonal Coronel Bogado
En este proceso estuvieron afectados Emilio Martínez, quien se desempeñaba como responsable del centro de atención al cliente del lugar, y la funcionaria Lourdes Noemi Galeano Zarza.
El fiscal Colmán señaló que en este caso se recuperó todo lo defraudado, y está en espera la realización de un juicio oral a la funcionaria. Todavía no hay fecha para el juicio.
Lo llamativo del caso es que aquí, al igual que en la sucursal de Pirapó, toda la responsabilidad recae en una solitaria funcionaria.
Fuentes del CAH que pidieron el anonimato sostienen que Martínez es un protegido por los jefes de la institución. Este funcionario es quien aprobaba los créditos y firmaba los cheques de desembolso, y aquí hubo protección o ineficiencia en la investigación fiscal, sostiene nuestra fuente.
Siguiendo la afirmación de nuestro informante, el manual de funciones establece los niveles de responsabilidad en el otorgamiento de créditos, y esta situación fue pasada por alto en el proceso.
El fiscal Colman, empero, sostuvo que “se debe analizar la carpeta fiscal” para entender el resultado del proceso de investigación.
Llamativamente, a fines de julio pasado la gerencia general del CAH trasladó a Emilio Martínez a la ciudad de San Ignacio, Misiones. Por Resolución número 079, de fecha 22 de julio de 2025, Martínez fue asignado como asesor al cliente del Centro de Atención al Cliente de San Ignacio.
Antecedente en San Pedro del Paraná
En el 2021 un caso de similares características ocurrió en el Centro de Atención al Cliente de San Pedro del Paraná. Una veintena de clientes del CAH fueron estafados con créditos obtenidos a su nombre.
En una causa caratulada “Albino Bareiro y otros sobre estafa, lesión de confianza” fueron imputados tres funcionarios: Aldo Wilfrido Barrios Domínguez, Nenelio Ocampos Fernández y Albino Bareiro, quien se desempeñaba como director de la unidad.
A cuatro años del hecho las víctimas siguen reclamando justicia. El único funcionario desvinculado del CAH fue Bareiro, quien se encuentra prófugo.