Agosto será decisivo para el futuro institucional de dos de las ciudades más importantes del país. Tras haberse iniciado las intervenciones en Ciudad del Este y Asunción los días 23 y 24 de junio, respectivamente, los informes finales deberán presentarse en este mes. La evaluación oficial de los interventores determinará si corresponde o no la remoción de los respectivos intendentes, en base a hallazgos documentados y contrastes contundentes sobre el manejo de los recursos públicos.
¿Qué es una intervención municipal?
La intervención es una herramienta excepcional que permite al Poder Ejecutivo designar un interventor para auditar la gestión de un municipio ante presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República. Esta figura se rige por la Ley N° 317/94, tiene un plazo de 60 días, y busca verificar, con evidencia, si se incurrió en faltas administrativas o legales que justifiquen la remoción del intendente.
Desde fines de junio de 2025, dos de las principales ciudades del país —Ciudad del Este y Asunción— se encuentran bajo este proceso. Aunque los casos son distintos, ambas comparten una raíz común: el uso indebido de recursos públicos y una preocupante ausencia de controles.
Ciudad del Este: desvío sistemático mediante comisiones “pantalla”
El interventor Ramón Ramírez lleva casi 40 días trabajando en Ciudad del Este. Según reveló, ya están comprobadas cinco de las doce causales que motivaron la intervención.
“Aquí se usó indebidamente, se usó como pantalla a las comisiones y, sin embargo, la municipalidad obvió todos los hechos.”
El mecanismo de transferencias a comisiones vecinales —pensado para fomentar la participación comunitaria— fue, según el informe preliminar, desnaturalizado para sortear los procesos de licitación. En total, ya se han identificado más de 3.000 millones de guaraníes en transferencias irregulares.
“Violentar cualquiera de esas reglas es violentar reglas y es conspirar contra ese objetivo final de proveer bienes en esas condiciones al dueño real de la plata, que es la población.”
Además, Ramírez señaló que se desviaron más de 42.000 millones de guaraníes del impuesto inmobiliario hacia gastos corrientes, contraviniendo la ley que obliga a destinar el 60% a inversiones.
“Nosotros no vamos a reportar indicios, no vamos a reportar presunciones, vamos a reportar hallazgos documentados.”
Asunción: crédito público usado para sueldos e insumos
El caso de la capital, a cargo del interventor Carlos Alberto Pereira Olmedo, gira en torno al uso de los fondos provenientes de bonos —es decir, crédito público— para gastos corrientes como sueldos y mantenimiento.
“La ley se cumple, pero el 100% era para obras, entonces no se puede apartar del objetivo por el cual fue concedida la fuente de financiamiento.”
La Ley Orgánica Municipal y otras disposiciones legales prohíben taxativamente que los fondos provenientes del crédito público sean utilizados fuera del objeto para el cual fueron autorizados. Pereira explicó que está realizando un análisis detallado:
“Estoy validando nomás algunas cifras y algunas acciones. Estamos clasificando cada gasto, separando su naturaleza según el clasificador presupuestario. Estoy haciendo la fiscalización de todas las obras que pudieron haber sido iniciadas, construidas y terminadas con esos recursos.”
El interventor también reveló que está solicitando la verificación física de las obras supuestamente ejecutadas, para determinar el nivel real de cumplimiento.
Al margen de la auditoría, Pereira gestiona una administración con pasivos muy altos y baja capacidad de generación de recursos líquidos, pero celebró un repunte en la recaudación:
“Un promedio de 1.500 millones, hoy estamos casi en 4.800, quiere decir que la ciudadanía también ha contribuido para esta recuperación del flujo de efectivo.”
En Ciudad del Este se construyó un sistema paralelo para desviar fondos burlando procesos legales. En Asunción, se disfrazó como “cuenta única” el desvío de recursos de crédito hacia gastos no permitidos. En ambos casos se repite la lógica de puentear las leyes para administrar sin controles.
Ramírez expuso que el mecanismo de las comisiones fue utilizado “como pantalla”, y que los hallazgos están “a toda prueba”. Pereira, por su parte, aseguró que la ley es clara y que su informe estará basado en trazabilidad real de fondos y ejecución de obras.
Ambos coincidieron en que no están trabajando sobre sospechas, sino sobre documentación concreta y verificable, y que el informe final —que será presentado a fines del mes en curso— debe ser una herramienta objetiva para que el Congreso decida el futuro institucional de cada ciudad.
En Ciudad del Este arrancó el lunes 23 de junio, mientras que en Asunción comenzó al día siguiente, el martes 24.