La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay resolvió destrabar la causa penal contra el exfiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz Verón, y su esposa, María Selva Morínigo, procesados por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Esta decisión abre el camino para que continúe la revisión de la sentencia que los absolvió en diciembre de 2023.
Acusación y desarrollo del proceso judicial
En agosto de 2019, los fiscales Osmar Legal y Natalia Silva presentaron una acusación formal contra Díaz Verón y Morínigo. Según la investigación, la pareja no pudo justificar un patrimonio de aproximadamente G. 10.495 millones entre 2008 y 2017, con una discrepancia relevante en 2010.
La Cámara de Apelaciones ratificó en 2021 la apertura de juicio oral, rechazando los recursos presentados por la defensa.
El inicio del juicio estaba previsto para el 22 de febrero de 2023, pero se suspendió tras una recusación contra el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos. La defensa cuestionó la competencia de los jueces asignados.
Finalmente, el juicio se realizó y el 21 de diciembre de 2023 el tribunal integrado por Víctor Alfieri, Alba González y Darío Báez absolvió a la pareja. El juez Báez argumentó que la pericia contable de la Fiscalía tenía “irregularidades” y calificó algunas pruebas como “mentiras”.
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Intervención de la Corte Suprema y efectos en el caso
La Sala Penal de la Corte Suprema, conformada por Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez Rolón y César Garay, confirmó la designación del camarista José Agustín Fernández en el Tribunal de Apelación que revisará el fallo absolutorio.
Esto permitirá analizar la apelación de las fiscales Natalia Silva y Claudia Aguilera contra la sentencia de diciembre.
Este paso elimina un obstáculo procesal y deja al tribunal en condiciones de decidir si mantiene o revoca la absolución, lo que podría derivar en un nuevo juicio o en la imposición de penas.
En febrero de 2024, la Corte Suprema, mediante la Acordada Nº 1728, resolvió retirar a los jueces Víctor Alfieri y Alba González de los juzgados especializados en Crimen Organizado por su actuación en el caso. El juez Báez no fue incluido en esta medida.
Argumentos y situación procesal actual
La Fiscalía sostiene que Díaz Verón acumuló G. 1.147 millones no justificados entre 2014 y 2016 y que Morínigo habría lavado fondos provenientes de estas operaciones. Por su parte, la defensa, encabezada por Mario Elizeche Baudo, mantiene que no existen pruebas suficientes y ha presentado recursos y acciones de inconstitucionalidad para frenar el avance del proceso.
En la sentencia, el juez Báez señaló que no hubo cobros indebidos, que la Contraloría General de la República no hizo observaciones patrimoniales y que la Seprelad no reportó operaciones sospechosas.
Actualmente, la confirmación de Fernández en el Tribunal de Apelación mantiene en trámite la apelación fiscal, sin fecha definida para la resolución. La defensa continúa con acciones legales que, según las fiscales, buscan dilatar el proceso.
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