La Superliga europea fracasó en su intento de revolucionar el fútbol del viejo continente, pero dejó una cuenta pendiente que ahora amenaza con abrir un nuevo frente entre el Real Madrid y seis gigantes de Inglaterra. El club presidido por Florentino Pérez reclama que los equipos que abandonaron el proyecto respondan por los gastos asumidos para ponerlo en marcha.
Según The Athletic, la entidad madridista considera que Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham deben contribuir a cubrir los costes iniciales de la competición. La cifra global estimada podría llegar a los 80 millones de euros, vinculados a la preparación y promoción de la iniciativa.
El conflicto se remonta a abril de 2021, cuando doce clubes europeos anunciaron la creación de un torneo destinado a competir con el modelo tradicional de competiciones de la UEFA. La propuesta provocó una fuerte reacción de aficionados, autoridades y organismos deportivos.
En cuestión de días, los seis representantes ingleses dieron marcha atrás y dejaron el proyecto. El Real Madrid sostiene que la retirada no elimina necesariamente las obligaciones asumidas cuando los participantes firmaron el acuerdo de accionistas de la sociedad creada para impulsar la Superliga. Sin embargo, la interpretación de ese documento será determinante para establecer si existe una obligación exigible de compartir los gastos.
Hasta ahora, los costes de promoción han sido afrontados por los clubes que continuaron vinculados al proyecto. La salida de la Juventus, en 2023, y la retirada formal del Barcelona, en febrero de 2026, dejaron al Madrid como único defensor del plan original.
La reclamación también coincide con la próxima incorporación de Bernd Reichart, antiguo responsable de A22 Sports, al organigrama madridista. Cualquier eventual pago, según fuentes citadas por la prensa, correspondería a la sociedad de la Superliga y no directamente a las arcas del club blanco.
Por ahora, la disputa gira en torno a las responsabilidades contractuales. Si no hay acuerdo, el caso podría trasladarse al terreno judicial y prolongar una historia que, cinco años después de su lanzamiento, sigue generando consecuencias económicas para el fútbol europeo.
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