Una comisión independiente declaró al City culpable de las principales acusaciones financieras vinculadas a nueve temporadas. La Premier sostiene que existieron cuentas inexactas, contratos utilizados para alterar la apariencia de los ingresos y mecanismos que habrían permitido reducir artificialmente los costos en más de 900 millones de libras. El club rechaza las conclusiones y ya presentó una apelación, asegurando que posee pruebas.
Mientras el proceso continúa, apareció un elemento de enorme peso: Emiratos Árabes Unidos habría advertido al Gobierno británico que una sanción severa contra el Manchester City podría afectar el interés del país en futuras inversiones de gran escala en el Reino Unido.
La relación entre ambos países tiene importantes intereses comerciales. Emiratos ha comprometido miles de millones de libras en inversiones británicas, mientras el City está ligado a capitales de Abu Dabi desde la llegada del jeque Mansour a la propiedad.
A la espera de que se defina el castigo, que podría incluir una multa, pérdida de puntos, descenso o incluso expulsión de la Premier, todas las miradas están puestas en la apelación. El City defiende su inocencia, mientras el Gobierno británico enfrenta un delicado escenario: aplicar las consecuencias deportivas de un fallo independiente sin poner en riesgo una relación económica clave.
El fútbol, esta vez, quedó en medio de una disputa que trasciende al deporte.