En 2023, Apple presentó al mundo su nuevo Apple Watch como el primer producto “carbono neutral” de la compañía. Detrás de esa etiqueta verde, sin embargo, hay una historia que se cuenta lejos de Silicon Valley, en el departamento de San Pedro, Paraguay. Una investigación de Climate Tracker y Consenso con apoyo del Pulitzer Center, difundida por Deutsche Welle (DW), reveló que parte de esos créditos de carbono provienen de un monocultivo industrial de eucaliptos que usa agroquímicos peligrosos y afecta directamente a una pequeña comunidad rural.
Las plantaciones pertenecen a la empresa forestal Apepú y están ubicadas en Cañada Santa Rosa, a unos 250 kilómetros al este de Asunción. En los documentos oficiales del proyecto se presentan como “bosques” que ayudan a capturar CO₂ y a combatir el cambio climático. Son, precisamente, los árboles con los que Apple declara compensar parte de sus emisiones. Pero, según la investigación del Pulitzer Center, estos eucaliptos también implican fumigaciones intensivas con pesticidas y violaciones a las regulaciones sobre el uso de agroquímicos.
Las vecinas y vecinos de la comunidad cuentan que desde la llegada del eucaliptal la producción campesina se hundió: ramas que no crecen, maíz y poroto que ya no dan fruto, suelos empobrecidos y pozos vacíos. Relatan que, aun sembrando como antes en sus propias parcelas, las cosechas ya no se ven. A pocos metros de las plantaciones está la escuela local, donde niñas y niños quedan expuestos cuando hay fumigaciones. Las madres denuncian problemas respiratorios crecientes, enfermedades que antes no existían y hasta animales muertos tras las aplicaciones.
El reportaje de DW y el artículo del Pulitzer Center subrayan que en estos monocultivos se utilizan glifosato, herbicida clasificado por la Organización Mundial de la Salud como “probable cancerígeno”, y fipronil, un insecticida de toxicidad media con fuerte impacto en las abejas. La investigadora paraguaya Estela Benítez Leite alerta sobre el uso excesivo de estos químicos y la falta de controles: las personas pueden contaminarse por la piel, los ojos, la respiración, el agua o los alimentos. Recuerda, además, que el fipronil está fuertemente restringido en la Unión Europea, mientras que en Paraguay se aplica sin fiscalización efectiva.
En su plan de manejo, Apepú reconoce que el uso de pesticidas entraña riesgos, pero sostiene que glifosato y fipronil son productos de uso común en el país. Esa normalización es justamente lo que cuestionan especialistas y organizaciones ambientales. No se trata solo de qué se aplica, sino de dónde y cómo: aquí se fumiga al lado de casas, chacras y una escuela, sobre una población que lleva dos años denunciando sin obtener respuestas del Estado.
La investigación periodística también pone en cuestión el corazón del negocio: los créditos de carbono. Activistas socioambientales señalan que presentar estas plantaciones como solución al calentamiento global es engañoso. Por un lado, porque los impactos locales son devastadores: desaparición de cursos de agua, pozos secos, pérdida de biodiversidad, crisis productiva campesina y problemas de salud. Por otro, porque gran parte de esa madera termina convertida en leña o carbón vegetal, volviendo a emitir a la atmósfera el carbono que se suponía “compensado”.
El debate llegó incluso a los tribunales. Después de que una corte alemana considerara engañosa la etiqueta de “carbono neutral” en el Apple Watch, la empresa insistió en que mantiene su objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2030, combinando reducción de emisiones y compra de créditos. Pero el caso paraguayo, documentado por el Pulitzer Center y DW, muestra que no todos los proyectos que se venden como verdes son realmente compatibles con los derechos humanos y la protección ambiental.
Lo que ocurre en Cañada Santa Rosa desnuda una contradicción profunda: mientras Apple y otras multinacionales refuerzan su imagen climáticamente responsable, comunidades rurales del Sur global cargan con los costos de un modelo basado en monocultivos, químicos peligrosos y acaparamiento de tierras. Para las empresas, son hectáreas que “capturan carbono”. Para quienes viven al lado de los eucaliptos, son campos que ya no producen alimentos, arroyos que se secan y cuerpos expuestos a pesticidas.
El caso invita a repensar el mercado de bonos de carbono: ¿Puede considerarse “solución climática” un proyecto que contamina el agua, enferma a la gente y destruye economías locales? Las voces recogidas por DW y el Pulitzer Center responden de manera contundente. Mientras las etiquetas verdes viajan por el mundo pegadas a relojes de última generación, en San Pedro la cuenta ambiental y social sigue abierta. Y la neutralidad de carbono, al menos allí, está muy lejos de ser neutral.