Cecilia Rikap, economista y profesora en Londres, analiza con mirada crítica la relación de los países latinoamericanos con las grandes empresas tecnológicas. Afirma que la región está en una encrucijada histórica: avanzar hacia un modelo de soberanía digital y producción de conocimiento propio o permanecer atrapada en la dependencia que refuerza desigualdad y atraso.
Una amenaza abierta a la soberanía de los Estados
Rikap recuerda que hace pocas semanas el presidente de Estados Unidos utilizó su red social Truth para lanzar un mensaje inédito: advirtió que cualquier gobierno que intente regular o cobrar impuestos a las grandes empresas tecnológicas norteamericanas enfrentará represalias.
“Que un presidente diga de manera tan abierta y desfachatada que va a castigar a quienes intenten regular a las big tech es una amenaza directa a la soberanía de todos los Estados”, afirma Rikap. Y agrega: “No es novedad que Washington proteja a sus empresas, pero que lo haga de esta forma tan explícita marca un punto de inflexión”.
Para la investigadora, este posicionamiento coloca a países como Brasil y a toda América Latina ante una decisión estratégica: ceder ante la presión de las big tech o avanzar en regulaciones propias que garanticen independencia y desarrollo local.
El caso de Brasil ilustra esta tensión. Según Rikap, el país está en una encrucijada, ya que puede profundizar las medidas de regulación sobre las redes sociales y las plataformas digitales, abriendo el camino a una soberanía digital o puede continuar la senda de alianza con las grandes corporaciones, como ocurrió con la atracción de centros de datos avalada por el ministro de Economía, Fernando Haddad.
Para Rikap, los centros de datos no representan desarrollo. “Son como enclaves militares: generan poco empleo, dependen de insumos importados, consumen enormes cantidades de agua y energía, y no garantizan que los datos se mantengan en el país. La misma Microsoft lo reconoció en Francia: los datos alojados en sus servidores pueden ser compartidos con el gobierno de Estados Unidos”, remarca.
La trampa, advierte, es pensar que la instalación de estos centros equivale a inversión extranjera directa. “No generan encadenamientos productivos ni transferencia tecnológica. Lo único que dejan son costos ambientales y mayor dependencia”.
La trampa de la propiedad intelectual
La especialista también cuestiona el modelo de propiedad intelectual vigente, que en teoría debería premiar a creadores e innovadores, pero que en la práctica se transformó en un mecanismo de control y apropiación del conocimiento.
“Las grandes empresas de medios, telecomunicaciones, farmacéuticas o digitales utilizan las patentes y los derechos de autor para cobrar más caro y apropiarse de las ganancias. Los verdaderos desarrolladores rara vez son los beneficiados”, asegura.
Un ejemplo reciente es el acuerdo entre Microsoft y el gigante editorial Taylor & Francis. Según Rikap, miles de investigadores cuyos artículos sirvieron para entrenar modelos de inteligencia artificial no recibieron ni un centavo de la transacción.
Las grandes tecnológicas entrenan sus modelos con información disponible en internet o en bases de datos adquiridas a intermediarios, para Rikap, esto no debería naturalizarse: “No se trata de ‘ladrón que roba a ladrón’. El problema no es solo el uso indebido, sino que seguimos avanzando hacia una mayor concentración y exclusión en la producción de conocimiento”.
La economista plantea la necesidad de repensar cómo se produce, socializa y remunera el conocimiento. “La ciencia y el arte son productos colectivos. Premiar únicamente al último eslabón que publica o registra una patente es invisibilizar a toda una red de trabajo y colaboración”, afirma.
El análisis de Rikap se vuelve más concreto al mirar sectores críticos como la salud. Desde la gestión de historias clínicas hasta los diagnósticos por imágenes, casi todos los sistemas dependen de servicios digitales provistos directa o indirectamente por Amazon, Microsoft y Google.
“Un hospital puede comprar máquinas de Siemens, pero esas máquinas procesan datos en nubes de big tech estadounidenses. Es tecnología vendida como caja cerrada: ni el Estado ni los médicos tienen acceso al código para entender cómo funcionan los algoritmos”, explica.
El riesgo advierte, es que los profesionales pierdan la capacidad de realizar diagnósticos sin la mediación de un software cuyo funcionamiento desconocen. “Podríamos llegar a un punto en que las decisiones sobre la salud las tome un algoritmo diseñado en otro país, con parámetros que nadie en nuestra región controla”, alerta.
Caminos alternativos en la gestión de datos
A pesar de este panorama, Rikap asegura que existen caminos alternativos. El ejemplo más cercano es Uruguay, donde la empresa pública Antel gestiona dos centros de datos y proyecta transformarse en una empresa digital estatal que brinde servicios al gobierno y al sector público.
“Es totalmente posible desarrollar soluciones locales. La región cuenta con sistemas científicos y tecnológicos capaces de trabajar colectivamente. Lo que se necesita es potenciar a las empresas públicas y la investigación pública, en lugar de correr detrás de la última moda tecnológica”, sostiene.
La economista subraya que estas alternativas también deben considerar el impacto ambiental: “No podemos reproducir modelos que consumen energía y agua sin límite. La tecnología debe responder a los problemas de nuestras comunidades y no a intereses externos”.
El rol del Estado y la cooperación regional
Frente a quienes cuestionan el rol del Estado en la economía, Rikap recuerda un ejemplo reciente: el gobierno de Estados Unidos adquirió participación en Intel, una de las principales productoras de semiconductores. “No se trata de una nacionalización, pero muestra que incluso la mayor potencia mundial interviene directamente en sectores estratégicos”, señala.
En ese sentido, propone que los países latinoamericanos avancen en esquemas de cooperación regional para reducir la dependencia tecnológica: “El camino es trabajar de manera integrada, compartir capacidades científicas y desarrollar soluciones colectivas que respondan a las necesidades locales”.
Para Rikap, el concepto de soberanía digital no debe confundirse con el simple acceso a la tecnología. “Usar más tecnología no nos hace más libres. Si la usamos como autómatas, nos convertimos en dependientes. La soberanía digital significa decidir cómo producimos la tecnología, qué problemas queremos resolver, y hacerlo de forma democrática y transparente”, afirma.
En esa línea, plantea que los ciudadanos deben estar informados de los impactos sociales, económicos, políticos y ecológicos de cada decisión tecnológica. Solo así podrá evitarse una nueva forma de dependencia que, en lugar de reducir la brecha con los países desarrollados, la profundice.
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