En la carpeta fiscal del expediente contra Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes, se mencionan reiteradamente en el año 2020 términos como “Presi”, “N° 1” y “Ministro”, expresiones que los investigadores asocian a una cadena de mando jerárquica dentro de la estructura criminal.
El Ministerio Público sostiene que las conversaciones extraídas del sistema encriptado SKY ECC datan del año 2020, durante la presidencia de Mario Abdo Benítez, y revelan una red de injerencia directa sobre fiscales y jueces, así como la existencia de amenazas y planes de represalia contra operadores judiciales.
Las comunicaciones, atribuidas a Alexandre Gomes y Anderson Ríos Vilhalba, alias Pepe, evidencian la coordinación de acciones entre el poder político y el crimen organizado con el fin de frenar investigaciones sensibles vinculadas al narcotráfico.
Según los fiscales Andrés Arriola, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, los diálogos interceptados demuestran la intención de influir en decisiones judiciales, utilizando como mecanismo de presión tanto el poder político como la violencia. En uno de los mensajes, Alexandre afirma que el “Presi ya ordenó y mandó llamar a los fiscales” y que el “N° 1” habría instruido “no molestar”, insinuando un control directo sobre magistrados y procesos.
La acusación también describe supuestos pactos implícitos entre el clan criminal y altas autoridades del Gobierno de ese entonces. Dichos acuerdos contemplaban colaboración en la lucha contra el EPP a cambio de la liberación de miembros del grupo y de la autorización para operar en “zonas liberadas” del control estatal. Estas revelaciones, según el Ministerio Público, configuran un intercambio de favores entre estructuras delictivas y actores del poder político.
El documento fiscal concluye que el caso del asesinato de Pecci no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia de autoprotección del crimen organizado para neutralizar a quienes amenazaban sus intereses.