En esta causa se encuentran acusados el exintendente Miguel Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (exdirector de Administración y Finanzas de la comuna) y otras ocho personas. La Fiscalía les atribuye los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
Los otros acusados son: Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Farinha Almada, Alex Yamal Samhat González, Sebastián Martínez Insfrán, Higinio Ramón Acuña, Nelson Segovia Acevedo y Cirle Alcaraz Ramírez.
De acuerdo con la acusación, el 11 de junio del 2020 los procesados habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este, a través de un pago irregular a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes, tras un procedimiento diseñado para beneficiar exclusivamente a dicha firma.
En esta causa se tiene prevista la audiencia preliminar, que también fue dilatada por diferentes dilaciones procesales, presentadas por la defensa contra el juez de la causa, Humberto Otazú.
El 26 de mayo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, compuesta por Alberto Martínez Simón, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Eugenio Jiménez Rolón, no hizo lugar a la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Alto Paraná, Miguel Prieto contra los camaristas Gustavo Amarilla Arnica, Claudia Criscioni y Silvana Luraghi, integrantes del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos. Estos magistrados, a su vez, deben resolver la recusación contra el juez penal de Garantías Humberto Otazú, quien deberá fijar fecha para la audiencia preliminar.
La causa es por una compra simulada de víveres en tiempos de pandemia, donde se había aprovechado la ocasión para el supuesto desvío de fondos de las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este.
Se habrían utilizado facturas falsas para presentar como una compra legal, aparentemente un documento de un profesional albañil, según la Fiscalía.