La jueza Penal de Garantías Clara Ruiz Díaz resolvió otorgar medidas alternativas a la prisión a la exfiscal Stella Mary Cano, quien se encuentra imputada por persecución de inocentes en el caso del estilista italiano Ciro Paniello, además admitió como fianza real un inmueble ubicado en Hernandarias, Alto Paraná, hasta cubrir la suma de G. 200.000.000 para someterse a la justicia.
La magistrada también resolvió la prohibición de salir del país, cambiar de domicilio y la obligación de comparecer mensualmente ante el juzgado para la mencionada exagente del Ministerio Público.
Cano, cuya renuncia fue aceptada por la Corte Suprema el pasado 11 de Julio, se presentó en compañía de su abogado Osvaldo Domínguez a tempranas horas de ayer para la mencionada audiencia de imposición de medidas.
La agente fiscal de Derechos Humanos Sonia Sanguinés imputó el 20 de febrero pasado a su colega Stella Mary Cano por persecución a inocentes en la causa “Ciro Panniello s/ estafa y lesión de confianza”.
El hecho ocurrió el 18 de julio del año 2018. Según el relato, el empresario salía de su salón de belleza Diva Divina con su automóvil y fue interceptado por policías que lo llevaron a una comisaría. De ahí le llevaron ante la fiscala Stella Mary Cano. La detención del empresario fue a raíz de una denuncia radicada por su socia comercial, Lilian Teresa Escobar, por supuesta estafa.
Pero para la fiscala Sanguinés esa detención es totalmente irregular, porque Cano ni siquiera hizo diligencias previas que justifiquen la medida decretada.
Lilian Teresa Escobar fue la que denunció al empresario estilista. El italiano argumentó ante la fiscalía que ella quiso asociarse con él y le entregó 120 millones de guaraníes como seña, pero después le devolvió ese dinero con cheque porque no se concretó el negocio.
El empresario también relató en la Fiscalía, en sudeefensa, que Lilian Escobar intentó cobrar el cheque fuera del plazo, pero no pudo porque no tenía fondos. La fiscala Sanguinés sostiene que las averiguaciones previas sobre lo que cuenta ahora el empresario no figura en el caso que manejó su colega Cano.
Según la fiscala Sanguinés, Cano no hizo los trámites como debiera como agente fiscal para ordenar la detención de una persona. Es más, ordenó al empresario que ceda parte de sus bienes sin justificación alguna. Sanguinés pidió 6 meses para completar su investigación y presentar la acusación formal ante el juzgado de turno.
La imputación recoge también la versión del empresario, que es italiano, quienm contó que la fiscala le advirtió que le iba a deportar a su país, pero le indicó que si entregaba parte de sus bienes, y firma, entonces, no habría ningún problema.
Así fue que le obligaron a entregar sus bienes por valor de G. 1.300 millones, más un vehículo Mercedes Benz por valor de USD 30.000. La fiscala Sanguinés encontró que Cano fundamentó que el empresario italiano no tenía arraigo en el país y que esa fue la excusa para decretar su detención.
Empresario no sabe sobre documentos
El empresario Marcus Vinicius no supo responder cuando la Fiscalía y la defensa mostraron documentos de su firma que se referían a presupuesto o servicios al Ministerio del Interior.
La fiscala Verónica Valdés señaló que eran documentos con membrete de la empresa firmado por él. Sin embargo, Vinicius dijo que él no se ocupaba de la parte comercial y que esa área correspondía a los directivos Gilberto Enciso y Adolfo D`Ecclesiis.
La abogada Gilvi Quiñonez, defensora de Giuzzio también exhibió otro documento y la respuesta fue la misma: Vinicius dijo que él no se encargaba de los trámites. Incluso señaló que puede ser que haya existido presupuesto, pero que él no puede confirmar.
Por otra parte, indicó que OMBU SA, su empresa, no trabajó con instituciones públicas sino con las empresas concesionarias. Confirmó que una vez hizo una demostración de chalecos antibalas con presencia de Giuzzio en un predio de la Policía Nacional, pero que los trámites previos no estaban a su cargo.
Sobre la reparación del vehículo blindado en Amambay, se le preguntó si Giuzzio pidió ese servicio, pero tampoco pudo precisar este punto, porque quien hacía los trámites era el señor Adolfo D’Ecclesiis. Tampoco precisó por qué hizo el servicio de reparación del DODGE RAM si es que Giuzzio no pidió. Derivó directamente la pregunta a la parte comercial.
Al término del juicio, el Tribunal de Sentencia convocó a una nueva audiencia. Esta vez, para la exhibición del contenido de la desgrabación de los teléfonos de otro supuesto narcotraficante, Lindomar Reges Furtado, que la justicia de Brasil envió a su par de Paraguay. El acto será el 2 de julio de 8 a 10 de la mañana.