Los agentes involucrados fueron identificados como los suboficiales ayudantes José Alberto Estigarribia Giménez, de 22 años, y Sergio Rubén Benítez Cáceres, de 27 años, ambos con destino en la misma comisaría.
Las inconsistencias detectadas durante las averiguaciones y la posterior reaparición de los biciclos motivaron la intervención de Asuntos Internos de la institución y del Ministerio Público.
La revisión de rutina de las evidencias comenzó en la mañana del pasado lunes en la comisaría octava de Capiatá, pero terminó destapando un escándalo que golpeó directamente a la propia Policía Nacional ya que terminó revelando la desaparición de dos motocicletas que se encontraban depositadas en el patio de la dependencia policial; poniendo bajo sospecha a dos uniformados encargados de prestar servicio en este lugar.
La situación generó inmediatas consultas a los efectivos policiales que se encontraban de servicio, sin embargo, lejos de aclarar lo ocurrido, las respuestas proporcionadas por los uniformados habrían despertado aún más sospechas, de acuerdo con el informe, ambos incurrieron en contradicciones cuando fueron interrogados acerca del paradero de los biciclos y mientras avanzaban las averiguaciones, una de las motocicletas desaparecidas, una de la marca Star, fue encontrada fuera de la dependencia policial.
Pero la sorpresa mayor llegó con el segundo rodado, se trataba de una motocicleta de la marca Kenton que había sido denunciada previamente en el marco de una investigación llevada adelante por otra dependencia policial. Ese biciclo también reapareció y según los datos recabados, la motocicleta fue devuelta a la sede policial por uno de los involucrados, quien la trasladó desde su domicilio particular hasta la comisaría.
Ante la gravedad de la situación, se dio intervención inmediata al personal de Asuntos Internos de la Policía Nacional y a representantes de la jefatura policial, quienes acudieron al lugar para recabar información y determinar cómo los vehículos salieron del recinto donde debían permanecer bajo custodia oficial.
La investigación quedó caratulada como un supuesto hecho punible de quebrantamiento de depósito, figura que castiga la alteración o violación de bienes que se encuentran bajo resguardo de una autoridad competente y el caso fue comunicado a la agente fiscal de turno de la Unidad Penal número 1 de Capiatá, Carolina Martínez, quien dispuso la inmediata detención de los uniformados en actividad.