Todo se inició en el marco de una investigación dirigida por el Ministerio Público, que ya venía siguiendo pistas firmes sobre un supuesto esquema delictivo, tráfico de influencias dentro del juzgado de San Lorenzo. Como parte de la estrategia, los intervinientes montaron una entrega vigilada de dinero, una técnica autorizada judicialmente para identificar a los responsables en flagrancia.
El momento clave se produjo cuando el dinero previamente marcado y controlado fue entregado bajo estricta supervisión, la maniobra, cuidadosamente planificada, permitió a los agentes fiscales y policiales intervenir en el instante preciso, logrando la detención de uno de los involucrados, quien quedó inmediatamente a disposición del Ministerio Público.
Se trata de una mujer de 41 años identificada como Antonia Galeano, quien se desempeña como funcionaria judicial. Con los elementos recabados durante la entrega vigilada, la comitiva fiscal avanzó con un allanamiento dentro de la sede judicial de San Lorenzo, en busca de evidencias relacionadas al caso. Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron diversos elementos que serán fundamentales para la causa, entre ellos dispositivos electrónicos y otros indicios que podrían vincular a los implicados con el esquema investigado.
De acuerdo con fuentes policiales, el procedimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial, en el marco de una investigación en curso. Las averiguaciones apuntan a que la mujer habría actuado como intermediaria en un presunto esquema de tráfico de influencias, gestionando de manera irregular contactos dentro del ámbito judicial; según los indicios recabados, la sospechosa habría solicitado la suma de G. 4.000.000 con la supuesta promesa de favorecer a una de las partes involucradas en una causa tramitada en dicho juzgado.
La intervención permitió reunir elementos que refuerzan la hipótesis fiscal sobre la existencia de una maniobra ilícita orientada a incidir en decisiones judiciales, situación que ahora es objeto de análisis por parte de la fiscal Yeimi Adle, que busca determinar el alcance real de la participación de la implicada y la posible existencia de otros involucrados dentro o fuera del sistema.