El proceso judicial sobre el Caso Comisarías fue abierto en el 2013, hace 13 años. Durante ese tiempo se produjo un entramado de recusaciones, apelaciones e inclusive inhibición de jueces y, por tales razones, nunca se realizó el juicio. Este mes, la Corte confirmó a un Tribunal de Apelación, pero nuevamente hubo inhibición de un magistrado.
Según una resolución de la Sala Penal de la Corte, del 11 del presente mes, el Tribunal de Apelación Primera Sala, integrado por los magistrados Paublino Escobar, Camilo Torres y Jesús Riera, debía estudiar el pedido de la Fiscalía de anular la prescripción del “caso comisarías”.
En este expediente se estudian los supuestos pagos irregulares por reparación y construcción en comisarías de la capital y del área metropolitana por parte de Filizzola, cuando éste era ministro del Interior durante el gobierno del ex presidente, Fernando Lugo.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la remisión del expediente del caso a la Secretaría del citado tribunal. Si el Tribunal de Apelaciones resolvía anular la prescripción de la causa, también iba a indicar quién será el juez de primera instancia que siga con el juicio; pero todo se frustró con la nueva inhibición de uno de los miembros.
Específicamente, el camarista Camilo Torres se inhibió por amistad con el senador Rafael Filizzola y se produjo una pulseada interna, porque la otra camarista, Adriana Giagni, impugnó la inhibición de su colega. El resultado es que el expediente deberá volver a la Sala Penal de la Corte.
La magistrada Adriana Giagni fundamentó su impugnación diciendo que la causal señalada no sólo hay que invocar sino también hay que probar que existe “gran familiaridad” o “frecuencia de trato”, entre el magistrado y Filizzola.
Según Adriana Giagni ninguno de estos presupuestos se dan en el caso. La impugnación no fue avalada con ningún medio de prueba, afirmó.
El proceso queda trabado hasta que la Corte resuelva la inhibición señalada. El caso que debe estudiarse es la apelación que la Fiscalía presentó contra la prescripción dictada por el juez Yoan Paul López el 6 de mayo de 2025 en una audiencia preliminar. En el mismo acto decretó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola. El magistrado sostuvo que la prescripción se produjo por desidia de la Fiscalía.
Sin embargo, la agente fiscal Silvia González atacó los fundamentos del juez Löpez y señaló que la dilación del proceso es de exclusiva responsabilidad del procesado, Rafael Filizzola.
La Fiscalía acusa a Filizzola por un perjuicio patrimonial contra el Estado paraguayo de G. 1.131.812.500 porque cuando era ministro del Interior desembolsó el dinero a favor de la empresa Todo Verde Emprendimientos para refacción de obras y construcción en 23 comisarías del área metropolitana que no concluyeron y en varios casos ni siquiera comenzaron.