La audiencia de imposición de medidas en el caso del accidente de tránsito del diputado Mauricio Espínola, convocada para el 9 de julio próximo, será clave para aclarar algunos puntos que aún no están claros sobre el tema.
El hecho ocurrió el 16 de mayo en el barrio Mburicaó. Según los antecedentes, el percance fue reportado inicialmente como un hecho de lesión en accidente de tránsito y daños materiales. Luego la agente fiscal Mercedes Vera, al confirmarse la muerte de la víctima después de 11 días, pidió al juzgado el cambio de carátula por homicidio culposo.
La imputación fue aceptada por la jueza Diana Carvallo, quien abrió el proceso penal contra el citado diputado. Algunos datos del informe policial estaban incompletos, como la omisión de señalar que en el lugar del accidente había semáforo, instalado sobre las calles Kubitschek y Cerro Corá, frente al ex Seminario Metropolitano, en la capital.
La víctima fue identificada como Emilio Benítez Chaparro, de 30 años, que iba con su motocicleta. En el momento del accidente, el mismo cayó al suelo y luego fue derivado al Hospital de Trauma, donde el 27 de mayo pasado se confirmó su deceso a raíz de un traumatismo craneoencefálico moderado, según la doctora Verónica Ramírez, médica de guardia en el Hospital de Trauma.
Al momento del accidente, el diputado Espínola iba conduciendo una camioneta Toyota Fortuner y la víctima conducía una motocicleta Kenton GTR 150. Se le practicó el alcotest al diputado Espínola tras el accidente, y dio resultado negativo, según los datos de la Fiscalía.
La jueza penal de Garantías Rossana Diana Carvallo procesó a Espínola por homicidio culposo luego de que la Cámara de Diputados haya remitido la copia de su resolución que dispone el desafuero del legislador, que se produjo el martes pasado, a pedido del mismo.
Espínola ya habría llegado a un acuerdo privado con la familia de la víctima; se habría puesto a disposición de la misma para los gastos de sepelio y para lo que sea necesario, inclusive habría ofrecido una indemnización. Hubo un acta de un primer acuerdo, luego otro acta del segundo acuerdo. La Fiscalía ya cuenta con dichos documentos e inclusive ya presentó al juzgado como prueba. Las partes se referirán sobre el tema durante la audiencia.
A pesar del acuerdo privado, la Fiscalía pidió que el procesado presente caución real como garantía de sometimiento al proceso judicial y otras medidas sustitutivas a la prisión como la obligación de presentarse al juzgado cada mes a firmar el libro de comparecencia y la prohibición de salir del país hasta que todo se aclare.