El director general de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, reconoció la profunda fragilidad que arrastra el sistema de control en las cárceles paraguayas. El alto funcionario del Ministerio de Justicia, detalló que los recientes incidentes y fugas en la cárcel de máxima seguridad de Minga Guazú forzaron relevos institucionales inmediatos. Esta procedencia institucional fue detallada por la fuente durante el programa Espresso Informativo por La Tribu 650 AM.
La investigación fiscal en curso mantiene bajo prisión preventiva a cinco agentes penitenciarios sospechosos de complicidad activa en los penales. Un equipo multidisciplinario del Ministerio de Justicia interviene la base administrativa y operativa del complejo de Minga Guazú de miércoles a viernes. La fuerza de reacción rápida, compuesta por doce custodios experimentados, logró incautar doce aparatos celulares en los últimos diez días de revisión.
Corrupción de recursos humanos y limitaciones técnicas
El factor central de la vulnerabilidad institucional radica de forma exclusiva en la deslealtad de los funcionarios encargados de la custodia. El director penitenciario afirmó que la adquisición de equipamientos modernos resulta inútil cuando el componente humano cede ante las redes de corrupción.
Las autoridades ministeriales procedieron a la desvinculación de varios agentes por falta de contracción al servicio y faltas éticas graves detectadas.
La dirección general reclama formalmente desde hace dos años la compra urgente de inhibidores de señal para bloquear los delitos cibernéticos intramuros.
El trámite burocrático traba la llegada de estos insumos de seguridad debido a la escasez de recursos presupuestarios del Poder Ejecutivo. Las medidas administrativas actuales se reducen al traslado de personal irregular, lo que termina mudando el problema de fondo a otras bases.
Propuesta de tercerización de escáneres y hacinamiento crítico
La inspección corporal de las visitas femeninas requiere la incorporación de tecnología avanzada para evitar procedimientos degradantes e invasivos en los accesos.
La dirección general propuso un esquema tercerizado de escáneres donde el Estado pague por servicio y un externo mantenga operativos los equipos.
Esta estrategia técnica busca neutralizar los sabotajes intencionales que los propios funcionarios infieles realizan contra las máquinas de control estatal.
El sistema penitenciario paraguayo enfrenta un hacinamiento crítico al albergar a veinte mil quinientas personas recluidas en todas sus sedes.
La capacidad máxima de la infraestructura disponible a nivel nacional no sobrepasa las catorce mil plazas de alojamiento regular. Las limitaciones presupuestarias obligan a realizar cursos de formación de urgencia muy cortos en el Comando de Artillería para los nuevos postulantes.
Carrera profesional y equiparación salarial del sector
El Poder Ejecutivo no promulgó la ley de carrera del agente penitenciario por la falta de una Ley Orgánica del Ministerio de Justicia.
El proyecto normativo pretendía estructurar una fuerza de seguridad interna con grados jerárquicos definidos, promociones regladas y mayor disciplina interna. No obstante, la administración estatal obtuvo un aumento presupuestario de veinte mil millones de guaraníes para reajustar los ingresos de los funcionarios.
El salario básico asignado para los agentes que culminen la tecnicatura en el instituto de formación será de tres millones ochocientos cincuenta mil guaraníes.
Las reformas edilicias actuales contemplan la separación estricta entre personas procesadas y condenadas dentro del Centro Nacional de Prevenidos de Tacumbú.
La gestión actual busca erradicar los atropellos cobardes perpetrados por personal infiel contra la población privada de su libertad.