El abogado Víctor Enríquez Núñez ratificó la denuncia penal contra el exintendente esteño Miguel Prieto por supuestos hechos de corrupción pública. Las investigaciones judiciales apuntan a un esquema de sobrefacturación montado dentro de los procesos de licitación de la comuna de Ciudad del Este. Esta presunto desvío de fondos comunales analiza la contratación de firmas externas para tareas técnicas que correspondían a funcionarios municipales.
La denuncia penal involucra directamente a la abogada Nidia de Prieto, quien se desempeñaba como directora jurídica de la institución. Los denunciantes sostienen que la asesoría legal municipal aprobó los dictámenes para la adjudicación de la firma privada denominada Geocart. Las pruebas documentales arrastradas desde el portal de contrataciones públicas revelan una serie de desembolsos económicos idénticos carentes de sustento comercial real.
Irregularidades en las facturaciones de la mensura judicial
El esquema técnico financiero incluyó la simulación de cinco rubros contractuales diferenciados que presentaban exactamente el mismo valor monetario. La empresa consultora privada percibió la suma de 267.300.000 guaraníes por cada ítem individual del proceso. Estas maniobras administrativas de lavado de recursos públicos fueron emitidas en Tribu nativa por La Tribu 650 AM, durante el análisis del expediente.
Las constancias demuestran que la publicación de edictos legales costó originalmente 585.000 guaraníes. La administración municipal de Ciudad del Este abonó la cifra sobrefacturada de 267 millones de guaraníes por el mismo concepto publicitario. Los miembros de la contraloría ciudadana esteña entregaron las copias de las facturas comerciales emitidas por la proveedora al Ministerio Público.
Exoneración de costos y perjuicio a las arcas comunales
La constitución oficial del juzgado civil y comercial en el radio urbano fue totalmente exonerada por magistrados de la circunscripción. El magistrado interviniente no generó ningún recibo judicial por los trabajos de campo debido a la naturaleza pública de la entidad demandante. La comuna esteña pagó igualmente la suma de 267.300.000 guaraníes a los asesores privados contratados de forma externa.
La tasa judicial establecida para las inspecciones de magistrados apenas alcanza diez jornales para jueces y cinco jornales para actuarios. El valor real de mercado de la diligencia en esa época no superaba 1.500.000 guaraníes, según los aranceles vigentes. Los peritos contables del Ministerio Público auditarán el desglose de los cinco conceptos idénticos facturados por la firma propiedad de Jorge Quintana.
Utilización de firmas externas y desvío de recursos públicos
La municipalidad local disponía de 44 asesores jurídicos asalariados que podían dictaminar de forma directa sobre la demanda. La dirección de área contaba además con cuatro topógrafos experimentados capaces de realizar el amojonamiento de los inmuebles de la finca 66. Los trabajos técnicos y periciales debieron ejecutarse de forma gratuita utilizando los recursos humanos propios de la institución comunal.
La diferencia económica entre el costo real estimado de 5.000.000 de guaraníes y el monto adjudicado resulta técnicamente inexplicable. Los órganos fiscalizadores estatales encendieron las alarmas ante la uniformidad sospechosa detectada en las planillas de los servicios de consultoría. Los asesores jurídicos independientes requirieron la imputación de los encargados de firmar el contrato administrativo de la mensura judicial.