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Tras recibir la comunicación del desafuero por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el juez penal de Garantías, Francisco Acevedo procesó formalmente a la jueza de Pedro Juan Caballero, Librada Peralta, imputada por producción y uso de documentos no auténticos, quien habría utilizado certificados apócrifos para obtener mejor puntaje en concursos ante el Consejo de la Magistratura.
La magistrada de la circunscripción de Amambay fue convocada para el 3 de julioa la audiencia de imposición de medidas tras su imputación por parte del fiscal Leonardi Guerrero. Inicialmente, el juez sorteado fue Miguel Palacios, quien se inhibió de la causa, al tener lazos de amistad con la abogada Rocío Mabel Vega, representante de uno de los imputados.
En la mencionada causa también se encuentran procesadas, el exjuez Mario Brítez, la exactuaria, Shirley Irala, el asistente fiscal Fredy Rolón, los funcionarios Rodrigo Ávalos y Rafael Prieto del Consejo de la Magistratura, quienes fueron citados para el 26 de junio, para la audiencia de imposición de medidas cautelares.
De acuerdo con los antecedentes recopilados, la jueza y el exmagistrado figuraban como postulantes a cargos en la judicatura convocados por el Consejo de la Magistratura, a través de distintos edictos.
Con el objetivo de sumar puntuaciones en las evaluaciones y eventualmente integrar ternas para cargos de jueces, fiscales o defensores públicos, se habrían utilizado copias adulteradas de diversos documentos académicos, según la imputación.
Entre los documentos que habrían sido falsificados se mencionan notas de actualizaciones de legajos, certificados de escuela judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y certificados de especializaciones.
Específicamente, las indagaciones de la unidad penal constataron que se utilizó la copia de un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal originalmente dictado por la Universidad Privada del Este a favor de otra profesional. Dicho documento habría sido modificado con los datos personales de los postulantes para ser ingresado al sistema a través de la página web.
La hipótesis fiscal señala que la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura y el funcionario de la Escuela Judicial. Ambos habrían actuado en connivencia para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.