El presidente de la Corte Suprema de Justicia Alberto Martínez Simón, recibió ayer al presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), doctor Isaías Fretes, acompañado por miembros del Consejo de Administración de la previsional. En el encuentro acordaron impulsar un espacio de trabajo técnico e interinstitucional y analizaron desafíos asociados a prestaciones médicas de alta complejidad que, en determinados casos, derivan en acciones de amparo en materia de salud.
Durante la reunión intercambiaron opiniones sobre situaciones vinculadas al acceso a tratamientos especializados, medicamentos y otros servicios de salud, así como sobre los desafíos que estas circunstancias plantean para las instituciones involucradas.
En la ocasión, el titular de la máxima instancia judicial destacó que este tipo de situaciones suele involucrar derechos fundamentales de especial relevancia, como la vida y la salud, lo que exige respuestas oportunas dentro del marco constitucional y legal vigente.
Asimismo, recordó que las decisiones judiciales corresponden exclusivamente a los jueces competentes, conforme al principio independencia judicial consagrado en la Constitución.
Por su parte, el presidente de la previsional expuso la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercambio de información y cooperación institucional para una mejor comprensión de los aspectos médicos, técnicos y administrativos que intervienen en este tipo de situaciones.
Según mencionó Fretes, el IPS destinó aproximadamente G. 11.000.000.000 en los últimos cinco años para la compra de medicamentos requeridos mediante acciones de amparo.
“Hemos consensuado que debe participar también el Ministerio de Salud, porque es la entidad que maneja las políticas de salud de la República y también está comprometida con esta situación”, explicó Fretes.
Como resultado del encuentro, las autoridades acordaron impulsar una mesa de trabajo técnica e interinstitucional destinada a fortalecer el intercambio de información especializada y el análisis de situaciones de alta complejidad vinculadas al derecho a la salud, dentro del marco legal vigente y respetando plenamente las competencias de cada institución.
La iniciativa busca contribuir a una mejor respuesta estatal ante situaciones que involucran la protección de derechos fundamentales.