Tras la audiencia de imposición de medidas realizada ayer, el juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Humberto Otazú, otorgó medidas cautelares a la exfiscal Egidia Gómez, hermana del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes y le impuso una fianza de G. 150.000.000 correspondiente a un inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero, quien está procesada por cohecho pasivo agravado, frustración a la persecución y ejecución penal y realización de hechos por funcionarios.
La misma se encuentra involucrada supuestamente por favorecer al presunto narco Walter Galindo Domínguez en la causa Mercat, al recibir supuestamente junto con la exjueza Isabel Bracho y la actuaria Ruth Karina Ferreira USD. 50.000 del condenado líder narco.
El mencionado magistrado también impuso reglas de conducta para la procesada, como la prohibición de salir del país, la prohibición de cambiar de domicilio y de comparecer mensualmente ante el juzgado competente.
El 18 de noviembre del 2025, el fiscal Néstor Coronel imputó a la jueza penal Isabel Bracho, a la exfiscal Egidia Gómez y a la actuaria Ruth Ferreira supuestamente por favorecer al presunto narco Walter José Galindo.
Según los antecedentes del caso, el 14 de mayo del 2021, la fiscal Egidia Gómez imputó a Galindo por posesión, tenencia y comercialización de sustancias estupefacientes.
Durante el trámite de esta causa penal contra Walter José Galindo se desarrollaban escuchas telefónicas por parte de la Policía Nacional, interpretándose supuestas menciones hacia la fiscal Egidia Gómez y la jueza penal Isabel Bracho. Estas conversaciones eran llevadas a cabo por parte de los abogados Crispín Gilberto Rojas y Rosana María Luján Palazuelos con Galindo, con participación en ciertos momentos de Luz Antonella Guerrero, y giraban en torno a favores y beneficios que el investigado recibiría dentro del proceso seguido por parte de las funcionarias mencionadas.
Según la relación sucinta de los hechos, entre mayo y diciembre del 2021, la fiscal de Villa Elisa, Egidia Gómez, y la jueza de Lambaré, Isabel Bracho, habrían favorecido irregularmente a Walter José Galindo, en actos propios de sus respectivos cargos dentro de la causa penal.
Entre el 20 y el 26 de mayo del 2021 la jueza penal de Garantías, Isabel Bracho, habría recibido la promesa de parte de Walter José Galindo, mediante su abogado defensor Crispín Gilberto Rojas, de recibir USD 50.000 a cambio de favorecerlo con medidas sustitutivas a la prisión, medidas de mejoramiento, incluso de resoluciones con salidas procesales que irán ascendiendo en el devenir del proceso penal abierto en la causa penal Walter José Galindo sobre tráfico de drogas, violación a la ley de armas y reducción.
Ante este escenario, una vez que habría recibido USD 50.000, la jueza Bracho supuestamente firmó con la actuaria judicial Ruth Ferreira la providencia del 27 de mayo del 2021, por la cual ordenó la constitución de una médica forense del Poder Judicial en el lugar de reclusión de Galindo, notificación que retira el abogado defensor Daniel Garcete para diligenciar, y, a la par, habría fijado en esa misma fecha mediante otra providencia, firmada solamente por la actuaria, la audiencia de revisión, que se llevó a cabo el 28 de mayo de 2021. La jueza penal de Garantías, Isabel Bracho, habría firmado la resolución junto con la actuaria por la cual otorgó la modificación de la prisión preventiva por el arresto domiciliario, utilizando como un elemento para la fundamentación un dictamen forense de la médica Ana Alonso, sobre el estado del procesado, cuyo contenido habría sido falso.