La fiscala Sophia Galeano procesó a Juan Carlos Plate Ferreira, representante de una empresa que habría operado al margen de las normas tributarias y aduaneras tras el ingreso de mercaderías por un valor de USD 1.844.030.
La fiscala de Luque, Sophia Galeano, imputó a Juan Carlos Plate Ferreira, representante de la Empresa Remesa Compañía Panamericana de Servicios SA por la supuesta comisión de los hechos punibles de contrabando y estafa informática, quien habría operado al margen de las normativas tributarias y aduaneras vigentes en el país tras el ingreso de mercaderías por un valor aproximado de USD 1.844.030.
La investigación del Ministerio Público se inició luego de detectarse un presunto esquema de irregularidades aduaneras vinculado a guías de importación que no habrían sido declaradas, presuntamente gestionadas por el imputado en representación de la empresa Remesa Compañía Panamericana de Servicios SA. En noviembre de 2020, la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), mediante la Resolución N.° 50, identificó un volumen considerable de guías aéreas pendientes de cancelación.
De acuerdo con los antecedentes, dichas guías, transmitidas a través del Sistema de Transmisión Electrónica de Remesa Expresa (TERE), habrían superado los plazos legales establecidos para su regularización.
Para la Fiscalía, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025, el imputado habría continuado introduciendo mercaderías al país de manera irregular, sin realizar el correspondiente cierre de ingreso a depósito.
En noviembre de 2020, cuando la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), a través de la Resolución N.° 50 dictada en Luque, detectó un volumen considerable de Guías Aéreas pendientes de cancelación. Estas guías, transmitidas por el Sistema de Transmisión Electrónica de Remesa Expresa (TERE), sobrepasaron los plazos legales para su regularización.
El valor de las mercaderías en situación irregular ascendía a la suma de USD 1.844.030, por lo que la empresa fue sancionada con una “infracción aduanera de contrabando”.
La empresa intentó revertir la sanción mediante un recurso de apelación, argumentando falencias en el proceso. Sin embargo, en abril de 2021, la Dirección Nacional de Aduanas no hizo lugar al recurso interpuesto y confirmó la sanción original. Como resultado, se estableció una multa líquida equivalente al doble del valor de las mercaderías no declaradas, totalizando USD 3.688.060.
Actualmente, la representación fiscal ha solicitado un plazo de seis meses para recolectar más elementos de convicción que sostengan una eventual acusación.
Mientras tanto, el Ministerio Público ha hecho un llamado público instando a cualquier ciudadano que haya sido víctima de este esquema a acercarse a las oficinas de la fiscalía zonal de Luque para presentar su reclamo formal.