El abogado constitucionalista Marcelo Duarte explica que modificar el calendario parlamentario requiere cambiar la Constitución, mientras desde el Congreso se plantea revisar el actual esquema de receso.
La discusión sobre la posibilidad de reducir el receso parlamentario volvió a instalarse en el escenario político, reabriendo el análisis sobre el funcionamiento del Congreso Nacional y los límites que establece la Constitución. En ese contexto, el abogado constitucionalista Marcelo Duarte explicó que cualquier modificación al calendario legislativo no es una decisión administrativa ni reglamentaria, sino un cambio de orden constitucional que implica procedimientos específicos.
El planteamiento surge luego de que el presidente del Congreso Nacional, senador Basilio “Bachi” Núñez, manifestara su intención de revisar la duración del receso parlamentario y equiparar el esquema paraguayo al de otros países de la región, señalando que existe margen político para iniciar sesiones desde el 1 de febrero.
¿Qué establece actualmente la Constitución Nacional?
Marcelo Duarte recordó que la Constitución Nacional fija de manera expresa los períodos de sesiones ordinarias del Congreso, así como el tiempo de receso y el rol de la Comisión Permanente durante ese lapso. Estas disposiciones no son interpretables de forma flexible, ya que forman parte del diseño institucional aprobado por el constituyente.
Según explicó, el receso parlamentario no implica una paralización total del Poder Legislativo, sino una redistribución de funciones, en la que la Comisión Permanente asume atribuciones específicas. Modificar ese esquema supone alterar el equilibrio previsto entre los órganos legislativos y el calendario de sesiones.
El constitucionalista señaló que acortar el receso parlamentario solo es posible mediante una reforma constitucional, lo que implica activar los mecanismos previstos en la propia Carta Magna. Esto incluye mayorías calificadas en el Congreso y, dependiendo del tipo de reforma, la convocatoria a una convención nacional constituyente o un proceso de enmienda.
Duarte explicó que una reforma de este tipo no se limita a cambiar una fecha en el calendario, sino que obliga a revisar artículos vinculados al funcionamiento del Congreso, la duración de las sesiones ordinarias y las atribuciones de la Comisión Permanente. Por ello, sostuvo que se trata de una discusión de fondo sobre el modelo legislativo y no de una medida aislada.
La mirada política sobre la extensión del receso
Desde el plano político, el senador Basilio Núñez argumentó que el receso parlamentario en Paraguay es más extenso que en otros países de la región. Al referirse a su experiencia como diputado y senador, señaló que el debate no apunta a igualarse con países que tienen recesos prolongados, sino a modelos como el boliviano, donde el período de inactividad legislativa es más breve.
Núñez reconoció que el actual esquema está establecido por la Constitución, pero sostuvo que la voluntad política puede impulsar cambios que permitan un funcionamiento más continuo del Congreso, especialmente en un contexto de alta demanda legislativa.
Para Duarte, el planteamiento abre una discusión legítima sobre la eficiencia del Poder Legislativo, pero advirtió que debe darse dentro de los canales institucionales previstos. Señaló que avanzar sin una reforma implicaría desnaturalizar el orden constitucional y generar incertidumbre sobre la validez de las decisiones legislativas adoptadas fuera del período habilitado.
El abogado indicó que el debate sobre el receso no puede separarse de otros temas estructurales, como la carga de trabajo parlamentario, el uso de las sesiones extraordinarias y el rol de las comisiones. En ese sentido, sostuvo que cualquier modificación debería formar parte de una revisión integral del funcionamiento legislativo.
La discusión sobre acortar el receso parlamentario plantea, así, un escenario de análisis jurídico y político que trasciende el corto plazo. Mientras desde el Congreso se instala la idea de revisar prácticas históricas, el marco constitucional vigente delimita con claridad los pasos necesarios para concretar cualquier cambio.
El planteamiento del constitucionalista Marcelo Duarte aporta el encuadre técnico a un debate que recién comienza y que, de avanzar, requerirá consensos amplios y procedimientos formales para redefinir uno de los aspectos centrales del funcionamiento del Poder Legislativo.
