El texto pastoral destacó la necesidad de que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un marco de transparencia, especialmente ante el calendario electoral del 2026, que contempla comicios municipales y nacionales que definirán la orientación política del país.
En respuesta a esa exhortación, las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) detallaron la situación del organismo respecto al control del financiamiento de campañas políticas y explicaron los avances normativos, las limitaciones actuales y los retos para fortalecer los mecanismos que permitan una mayor transparencia y trazabilidad de los recursos.
Evaluación institucional del financiamiento político
El director de Financiamiento Político del TSJE explicó que la institución continúa careciendo de herramientas legales suficientes para investigar de forma directa el origen de los recursos utilizados en las campañas electorales.
La normativa vigente permite la fiscalización de los ingresos y gastos declarados por partidos y candidaturas, pero no faculta claramente al TSJE para indagar sobre la procedencia de los aportes antes de que estos sean utilizados en campañas, lo que representa un límite operativo para actuar de manera preventiva.
Esta situación, señalaron las autoridades, condiciona la capacidad de detectar aportes de procedencia dudosa que podrían alimentar prácticas clientelistas, en un contexto en el que la exigencia social por mayor transparencia se ha vuelto un imperativo de cara al proceso electoral del 2026.
Durante el año 2025 la institución implementó la obligación de que las Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña se presenten de manera digital, con el objeto de facilitar su procesamiento y disponibilidad para la ciudadanía.
Asimismo, se estableció la apertura de cuentas bancarias únicas para las campañas, con plazos definidos para su habilitación y con la obligación de que estas operaciones financieras sean accesibles para su escrutinio público.
Aun así, desde el TSJE se reconoce que estos avances son mayormente formales y no implican una reconfiguración profunda de los mecanismos de fiscalización, lo que mantiene desafíos para la trazabilidad de los fondos.
Desafíos y preparación para el 2026
Las autoridades del TSJE identifican como principal desafío la fragmentación de la normativa vigente sobre financiamiento político, producto de múltiples modificaciones parciales que han generado complejidad en su aplicación.
Para abordar esta situación, el tribunal ha planteado la necesidad de avanzar hacia una unificación de las normas dispersas en un cuerpo legal coherente, que permita una fiscalización más eficaz y comprensible tanto para los partidos políticos como para la ciudadanía.
Además, el TSJE ha manifestado que depender del Poder Legislativo para impulsar cambios normativos limita la capacidad institucional de responder con agilidad a las necesidades de control del financiamiento político.
En ese sentido, la institución subraya la importancia de fortalecer la cooperación con otros organismos de control, como la Contraloría General de la República y la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes, para facilitar el intercambio de información y la supervisión conjunta de operaciones financieras que pudieran influir en el financiamiento de campañas.
Las conversaciones institucionales también han puesto énfasis en la necesidad de que las declaraciones de ingresos y gastos no solo se presenten de forma digital, sino que se publiquen de manera oportuna y accesible para toda la ciudadanía, de modo que organizaciones sociales, medios de comunicación y electores puedan ejercer un escrutinio público más riguroso.
La transparencia proactiva, según lo expresado por autoridades del TSJE, es una pieza clave para reforzar la confianza en los procesos y atender las preocupaciones planteadas en la Carta Pastoral sobre la seguridad electoral.
Integración con representatividad
En la respuesta institucional a la exhortación pastoral también se destaca que la transparencia en el uso de recursos no solo impacta en la fiscalización del financiamiento, sino que es un componente esencial para fortalecer la representatividad y la percepción de legitimidad del sistema electoral.
La disponibilidad de información clara y el cumplimiento oportuno de las obligaciones de rendición de cuentas constituyen una base para que los ciudadanos perciban las elecciones como procesos confiables y justos.
Con las reformas introducidas en el 2025 y las discusiones en curso sobre ajustes normativos y operativos, el TSJE busca responder al llamado del obispo nacional para hacer de la seguridad electoral y la transparencia financiera pilares de la próxima contienda electoral, en un escenario donde la participación y la confianza ciudadana serán determinantes para la calidad de la democracia paraguaya en el 2026.
