La Cámara de Senadores resolvió restituir los recursos destinados al arrendamiento de máquinas de votación para el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en una sesión extraordinaria convocada tras el intento de recorte propuesto por el senador y presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Dionisio Amarilla.
Con 31 votos a favor, el pleno decidió aprobar el Presupuesto General de la Nación 2026 con la versión remitida por Diputados, incluyendo además una ampliación de G. 10.000 millones para la Justicia Electoral.
La discusión se originó luego de que el senador Éver Villalba denunciara una supuesta vulnerabilidad en los boletines utilizados en las máquinas de votación. La acusación se basó en una demostración con boletas en blanco y el uso de una aplicación móvil que, según el legislador, permitiría cargar información en el chip integrado en las papeletas. El TSJE rechazó la afirmación y la calificó como una interpretación incorrecta de los mecanismos de seguridad del sistema.
TSJE afirma “garantía de transparencia”
De acuerdo con los técnicos de la institución, el funcionamiento del chip utilizado en los boletines no admite alteraciones posteriores al sufragio. Explicaron que el proceso se inicia con la verificación automática de que el chip está completamente vacío.
Solo después de esa confirmación el elector emite su voto y la máquina registra la información de forma irreversible. Una vez grabado, el chip pasa a modo de solo lectura, lo que imposibilita cualquier reescritura.
Fausto von Streber, director de Tecnologías de la Información y Comunicación del TSJE, recordó que esta arquitectura responde a los requisitos establecidos en la Ley 6318 sobre desbloqueo de listas.
Dicha normativa obliga a que el voto electrónico genere un comprobante físico firmado por los miembros de mesa y depositado en una urna tradicional, lo que llevó al país a adoptar una tecnología distinta de la urna electrónica utilizada en el pasado.
Sistema diseñado para verificación pública
El TSJE destacó que el modelo de máquina de votación vigente en Paraguay fue seleccionado para garantizar que el escrutinio sea público y fiscalizable, un aspecto que no ofrecía el sistema brasileño empleado entre el 2001 y el 2007.
En ese mecanismo, el resultado se generaba con un único comando, por lo que no se podía observar el conteo en tiempo real. En cambio, el sistema actual permite leer cada boleta e identificar el registro digital. Dominic Ramírez, vicedirectora del TIC del TSJE explicó que, aun si alguien intentara introducir “100 votos cargados”, como mencionó un legislador, el sistema los rechazaría de inmediato.
Explicó que existen dos filtros que imposibilitan esa acción, el primer control verifica que el chip pertenezca a la mesa asignada y que su código coincida exactamente con el configurado para esa unidad, el segundo filtro analiza la integridad de los datos y bloquea cualquier archivo ajeno al paquete oficial generado por el Tribunal.
Según Ramírez, estos mecanismos impiden que una carga externa sea validada por la máquina, ya que cualquier discrepancia es identificada y descartada automáticamente.
Controles y resguardos del proceso electoral
Según el TSJE, los boletines utilizados en elecciones anteriores ya contaban con medidas que impiden la inserción de datos desde fuentes externas. Subrayaron que las boletas exhibidas por Villalba eran papeletas sin uso, lo que impide replicar las condiciones reales de votación. El software de las máquinas únicamente habilita el sufragio con boletines generados por el propio sistema y validados con la credencial de los miembros de mesa.
Además, todas las etapas del proceso son observadas por apoderados de organizaciones políticas, quienes participan en las verificaciones previas y posteriores a la votación. La institución recordó que en comicios anteriores no se registraron objeciones formales sobre la operatividad de los chips, y que cualquier duda puede ser sometida a auditorías técnicas.
La propuesta de eliminar los USD 35 millones destinados al arrendamiento de máquinas planteada por Amarilla tras la denuncia de Villalba no prosperó. La resolución final garantiza los recursos para el próximo ciclo electoral y ratifica la continuidad del sistema de voto electrónico con comprobante físico.