La senadora Lilian Samaniego reveló datos estadísticos oficiales proveídos por la Dirección de Estadísticas de la Corte Suprema de Justicia que exponen una profunda crisis de saturación en los tribunales locales.
Según los registros oficiales del Poder Judicial, actualmente se encuentran acumulados y en trámite un total de 17.823 expedientes de divorcio sin poder resolverse a nivel nacional.
La legisladora utilizó este alarmante panorama para defender la urgencia de su proyecto de ley de divorcio por mutuo consentimiento conocido como “divorcio express”, señalando que el sistema tradicional mantiene atrapados a miles de ciudadanos en litigios interminables debido a la burocracia y a los altos costos económicos.
La radiografía del colapso en números
Las estadísticas de la Corte Suprema de Justicia reflejan una tendencia marcadamente ascendente en las rupturas matrimoniales legales durante los últimos años:
En el periodo 2022-2023: Se ingresaron 14.630 solicitudes de divorcio en total, de las cuales 7.823 se promovieron por mutuo consentimiento y 6.807 se tramitaron a petición de una de las partes.
Mientras que en el periodo 2024-2025: El volumen de conflictividad escaló rápidamente, registrándose más de 15.000 nuevos juicios de divorcio, donde el 50 % correspondió a parejas que llegaron con un mutuo acuerdo de separación.
“Imaginínate lo que son estos números contundentes. En lo que va del año, el sistema registra que casi 18.000 expedientes siguen en trámite y se están acumulando. Y estamos recién a finales de junio, por lo que fácilmente se podría llegar al doble al cerrar el año. ¿Qué solución le estamos dando a la gente?”, cuestionó Samaniego en declaraciones a La Tribu, 650 AM.
El drama social: Litigios que duran hasta 21 años
La proyectista relató que la iniciativa legislativa nació directamente de los reclamos ciudadanos recogidos durante sus recorridas por los departamentos del interior del país, principalmente por parte de mujeres jefas de hogar.
Samaniego expuso que el principal obstáculo para que las personas de escasos recursos regularicen su estado civil es el factor económico, ya que un proceso tradicional de disolución conyugal requiere el pago de aranceles, tasas y honorarios de abogados particulares que rondan los 5 millones de guaraníes.
En ese contexto, muchas madres se ven obligadas a elegir entre pagarle a un profesional del derecho o darle de comer a sus hijos.
Para graficar el drama humano que genera la lentitud judicial, la parlamentaria expuso casos testigos con testimonios de ciudadanos que llevan 14, 18 y hasta 21 años de haber iniciado un trámite de mutuo acuerdo sin poder obtener una sentencia definitiva.
Esta falta de resolución jurídica condena a los integrantes de las familias a un sufrimiento prolongado, afectando el derecho civil y la libertad de paraguayos que ya han rehecho sus vidas sentimentales con nuevas parejas pero siguen legalmente atados al primer matrimonio.