Según detalló, la propuesta busca permitir que parejas que ya no mantienen vínculo efectivo puedan disolver su matrimonio de forma más ágil, siempre que exista consentimiento de ambas partes y que no haya hijos ni bienes en común.
En esos casos, el trámite se realizaría ante un juez, quien deberá certificar el acuerdo entre las partes.
La legisladora indicó que el proyecto surge a partir de situaciones planteadas por ciudadanos en distintos puntos del país.
Señaló que existen casos de personas que, pese a haber finalizado su relación hace varios años, continúan legalmente unidas, lo que limita la posibilidad de reorganizar sus vidas.
Samaniego afirmó que la iniciativa está orientada especialmente a sectores con menores recursos, que enfrentan dificultades para acceder a procesos judiciales más complejos.
En ese sentido, explicó que el mecanismo propuesto apunta a simplificar los procedimientos en situaciones donde no existen conflictos legales adicionales.
También aclaró que la propuesta no elimina la intervención de profesionales del derecho en otros escenarios.
Indicó que los abogados seguirán participando en casos donde existan hijos, bienes o desacuerdos entre las partes.