Recalde se pronunció oficialmente tras la determinación del presidente de la República, Santiago Peña, de incrementar el salario mínimo por encima de la tasa de inflación oficial.
En ese sentido, informó que actualmente se encuentran a la espera de la emisión del decreto presidencial correspondiente y confirmó que el nuevo salario mínimo legal entrará en vigencia oficial a partir del próximo 1 de julio, impactando de forma efectiva en los haberes que percibirán los trabajadores a finales de ese mismo mes.
En otro momento, reveló que la medida se adoptó luego de un mes de intensas negociaciones, estudios y análisis dentro de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), donde no se logró alcanzar un consenso debido a que los sectores empleador y trabajador mantuvieron posturas distantes.
La ministra aclaró que si bien históricamente el ajuste se ceñía de forma estricta a la inflación, existen herramientas legales como el artículo 250 del Código del Trabajo que facultan al Poder Ejecutivo a aplicar otros mecanismos de cálculo.
Así también, detalló que el incremento final decretado por el presidente representa un 2,6% adicional por encima del valor del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entregado por la banca matriz.
Al ser consultada sobre la complejidad de la medida, admitió que no fue un proceso sencillo pero defendió firmemente su naturaleza social.
“Ha sido una decisión difícil, pero ha sido una decisión socialmente responsable también a favor de la clase trabajadora que esperaba sus reivindicaciones. El porcentaje del IPC iba a ser uno de los más bajos que hubieran ocurrido y representaba apenas la tercera o cuarta parte de lo que pedían las centrales obreras”, explicó.
Además, señaló que la resolución final es prudente porque busca equilibrar el cuidado del empleo, sostener los índices de formalización y alentar el consumo interno.
Respecto a la postura del sector privado empresarial, Recalde recordó que los gremios ya habían dejado sentada su postura inamovible a través de notas presentadas ante la Conasam, donde exigían limitarse de forma exclusiva al cálculo de la inflación. No obstante, la ministra aseguró que el Gobierno mantiene las puertas abiertas para continuar el diálogo.
“El Consejo Consultivo siempre está abierto para hablar con el sector empresarial y los trabajadores, pero en esta oportunidad le tocó a los trabajadores una reivindicación”, puntualizó.