Pilar.- El caso salió a luz cuando Esteban Marino Benítez Cabañas, un vecino de Pilar que se desempeña como funcionario y está afiliado al Partido Colorado, recibió una llamada de la Justicia Electoral para confirmar su postulación.
Para su sorpresa, figuraba en el primer lugar de la Lista 4, Opción 10, como candidato a concejal por el Partido Patriotas Independientes (PPI).
“Grande fue mi sorpresa. Le dije al funcionario: ‘¿Concejal de qué?’. Me mandó la captura de pantalla y aparecía mi nombre completo. Yo no hice tratos con nadie, no conozco a ese movimiento, no trabajo en política y jamás hablaron conmigo. Es algo muy raro”, relató la víctima.
Tras verificar con el registro oficial que no se trataba de un caso de homonimia, ya que es la única persona en todo el país con esos nombres y apellidos, Benítez Cabañas radicó la denuncia formal ante la Comisaría Segunda de Barrio Obrero y, posteriormente, ante el Ministerio Público. En el sistema de la Justicia Electoral solo constaban sus datos, sin ninguna fotografía adjunta.
La denuncia de Benítez Cabañas destapó lo que parece ser un esquema de inscripciones irregulares sistemáticas en la zona. Tras hacerse público su caso, al menos otras cuatro mujeres de la ciudad de Pilar se acercaron a manifestar que fueron víctimas de la misma maniobra fraudulenta, siendo anotadas en las listas de la mencionada nucleación política independiente sin su consentimiento.
La investigación de la causa quedó a cargo del agente fiscal Federico Solano López, quien confirmó que ya se activaron los primeros requerimientos legales para esclarecer el hecho.
En ese contexto, el Ministerio Público solicitó informes detallados al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para identificar de forma precisa al usuario que realizó la carga de los datos en el sistema informático.
El fiscal adelantó que se requerirá la información de todos los candidatos inscriptos por el partido PPI en Pilar, debido a la alta probabilidad de que existan más personas afectadas que aún desconocen que sus nombres figuran en las papeletas.
El representante de la Fiscalía advirtió que, de comprobarse la producción de documentos no auténticos o autorizaciones apócrifas, los responsables se exponen a sanciones penales de hasta cinco años de pena privativa de libertad, además de las eventuales sanciones electorales que el TSJE podría aplicar tanto a los involucrados como a la nucleación política.