De acuerdo con el informe sobre libertad de prensa presentado por la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Martha Ramos, en Paraguay, uno de los aspectos destacados fue la falta de avance legislativo de una normativa destinada a brindar mecanismos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos.
Según el informe, el proyecto fue postergado en el Congreso Nacional en un contexto marcado por cuestionamientos respecto a la redacción de la propuesta y al alcance de los sectores contemplados en la iniciativa.
Debate pendiente en el Congreso
Para la SIP, la discusión sobre un marco legal de protección continúa siendo una de las asignaturas pendientes para fortalecer las condiciones en las que desarrollan su trabajo los profesionales de la comunicación.
El informe señala que la ausencia de una definición legislativa mantiene abierto el debate sobre la necesidad de contar con instrumentos específicos que permitan responder a situaciones de amenaza, presión o riesgo derivadas del ejercicio periodístico.
La SIP concluyó que el fortalecimiento de las garantías para la libertad de prensa, la consolidación de mecanismos de protección y la preservación de estándares de transparencia continúan entre los principales desafíos para Paraguay en materia de libertad de expresión y acceso a la información.
Ataques, amenazas y causas pendientes
Además de señalar la necesidad de avanzar en una legislación de protección para periodistas, el informe recopiló una serie de hechos ocurridos en Paraguay que, según la organización, reflejan los desafíos que aún enfrenta el sector en materia de seguridad.
En este punto destacaron la presentación del informe “Rompiendo el silencio” por parte de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay.
El documento registra 22 asesinatos de periodistas ocurridos entre 1989 y 2024 y advierte sobre elevados niveles de impunidad en gran parte de los casos. Según el estudio, muchas de las víctimas desarrollaban investigaciones relacionadas con narcotráfico, contrabando y hechos de corrupción, especialmente en zonas fronterizas.
Proyectos que buscan proteger a comunicadores
El Congreso analiza dos visiones enfrentadas. El proyecto oficialista (“De prevención, protección y asistencia a periodistas”) centraliza el mecanismo bajo el Ministerio del Interior y prioriza la seguridad policial y excluye a activistas.
En contraste, la propuesta original de los gremios sindicalistas plantea un órgano autónomo y descentralizado con participación civil, que protege en conjunto a periodistas y defensores de DD.HH., sumando asistencia económica ante amenazas.
En Bolivia también piden seguridad
Más de diez periodistas resultaron heridos en Bolivia tras sufrir emboscadas, pedradas y ataques con dinamita mientras cubrían las protestas contra el gobierno.
La SIP calificó de inaceptable la violencia denunciada por gremios locales y exigió al Estado garantizar la seguridad de la prensa.