El presidente de la República, Santiago Peña, deploró los mensajes y sugirió que el ataque publicitario responde a la “incomodidad” que genera el actual crecimiento económico de Paraguay, al tiempo de ordenar al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) el retiro inmediato de todas las estructuras irregulares.
Por su parte, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, emitió un manifiesto formal calificando el hecho como un “atentado directo contra el orden simbólico” y exigiendo una investigación judicial exhaustiva.
Peña argumentó que este tipo de propagandas etnocentristas destruyen el entendimiento y el respeto bilateral que debe primar entre los pueblos fronterizos. Sin embargo, Peña aprovechó la coyuntura para enviar un mensaje de fortaleza geopolítica. “Paraguay está viviendo uno de sus mejores momentos; crece, atrae inversiones y avanza con fuerza hacia el futuro. Quizás eso incomode a algunos. A nosotros nos motiva a seguir trabajando para que el gigante que es Paraguay siga ocupando el lugar que merece”, sentenció de forma tajante el mandatario.
Además anunció instrucciones directas para despejar la vía pública: “He ordenado al MOPC el retiro de todas estas estructuras, así como de cualquier otra instalación irregular que ocupe espacios públicos”.
El Congreso exige castigo y auditorías
En sintonía con el Ejecutivo, el titular del Parlamento ratificó que la integración regional se vuelve impracticable si se toleran discursos que violenten la identidad paraguaya en fronteras estratégicas. Núñez calificó las gigantografías como una afrenta que lesiona el sentimiento de indignación de todo el pueblo.
Más allá de la condena discursiva, la Cámara Alta elevó un requerimiento formal a la Fiscalía y a los ministerios para identificar con celeridad el origen de la cartelería y aplicar las sanciones legales correspondientes.
Asimismo, el Legislativo anunció que impulsará pedidos de informes y auditorías regulatorias sobre todas las concesiones de espacios públicos para evitar que se normalicen propagandas que vulneren el marco constitucional de la República.