“Debemos actuar como un monitor crítico para exigir que las nuevas exigencias y directivas ambientales unilaterales en el Parlamento Europeo, como las normativas de deforestación, no sean utilizadas como barreras paraarancelarias encubiertas, destinadas a proteger de forma injusta a los sectores agrícolas tradicionales”, dijo Dos Santos.
Al participar en la apertura de una reunión del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur (mecanismo conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), el empresario indicó que el acuerdo de libre comercio entre ambos bloques, que entró en vigor de forma provisional el 1 de mayo pasado, abrirá “un mercado de alto poder adquisitivo de más de 450 millones de consumidores” y ofrecerá “una plataforma inigualable” para atraer inversiones en tecnología, entre otras ventajas.
Dos Santos destacó que para el Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur este convenio “representa el mayor desafío a la articulación internacional de la historia moderna del Cono Sur”.
En ese sentido, señaló que como gremio debían “liderar una agenda agresiva de capacitación y transferencia de tecnología” para que las pequeñas y medianas empresas locales puedan “elevar sus estándares de calidad”, obtener certificaciones e insertarse “con éxito” en las nuevas cadenas productivas globales de valor que generará el acuerdo con la UE.
Desde diciembre próximo se aplicará el Reglamento sobre la Deforestación de la Unión Europea (EUDR), que prohíbe la comercialización y la exportación a la UE de materias primas como soja, carne, cacao, café, madera, palma aceitera y caucho producidas en contextos vinculados a la deforestación.
La normativa se adoptó en 2023 y originalmente debería haberse aplicado desde el 30 de diciembre de 2024, pero se ha ido posponiendo.
El reglamento busca impedir que el consumo europeo, responsable de un 10 % de la deforestación mundial, siga contribuyendo a la destrucción de bosques en terceros países y también dentro de la UE, pues la normativa es idéntica dentro del mercado comunitario.
Desde su aprobación, la norma ha sido objeto de críticas por parte de empresas y de países productores -como Brasil, Paraguay, Estados Unidos, Malasia o Indonesia- que alertan de su complejidad y de los costos de cumplimiento. EFE