A través de la nota remitida por el contralor general, Camilo Benítez Aldana, el órgano superior de control comunicó oficialmente que la auditoría a las declaraciones juradas del mandatario concluyó de forma regular sin hallar elementos que configuren un incremento patrimonial no razonable.
El documento oficial fue enviado a la fiscal adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, Anticorrupción y Lavado de Dinero, María Soledad Machuca Vidal, quien había solicitado formalmente la profundización y remisión de los resultados analíticos sobre el estado patrimonial de Peña en diciembre de 2025, en el marco de las verificaciones de rutina y requerimientos institucionales aplicados a los altos cargos de los tres poderes del Estado.
“Este organismo superior de control, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, ha concluido el examen de correspondencia patrimonial referido al señor Santiago Peña, cuyos resultados fueron formalizados mediante el correspondiente dictamen de correspondencia”, detalla el texto remitido por Benítez Aldana.
Un examen exhaustivo y riguroso
Los peritos de la Contraloría realizaron un cruce minucioso de datos que abarcó:
- El análisis retrospectivo de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) presentadas por el mandatario.
- La compulsa de antecedentes documentales aportados e incorporados al expediente de referencia.
- Contrastaciones cruzadas y verificaciones de campo con los registros de entidades financieras, la Dirección de Registros Públicos y otras dependencias estatales.
Como conclusión, el análisis técnico determinó que el patrimonio del jefe de Estado se ajusta estrictamente a los márgenes legales, descartándose la existencia de un incremento patrimonial no razonable o que no resulte proporcional con los ingresos lícitos declarados a lo largo de su carrera en la función pública.
Paso a las instancias judiciales
Con la remisión completa e íntegra del informe en carácter de “antecedente técnico-institucional”, el expediente queda ahora exclusivamente bajo la jurisdicción de la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía.
De esta forma, corresponderá al Ministerio Público, dentro del estricto marco de sus competencias constitucionales, valorar los detalles del dictamen proporcionado por los auditores de la Contraloría y disponer formalmente el archivo o las diligencias legales que estime pertinentes para el cierre definitivo del caso.