El procedimiento se enmarca en el Memorándum de Entendimiento de “Tercer País Seguro” vigente entre el Gobierno paraguayo y el país norteamericano para la recepción transitoria y repatriación ordenada de ciudadanos extranjeros no admitidos en la frontera estadounidense.
Las autoridades migratorias y de seguridad nacional, en conjunto con la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y la Cancillería, desplegaron un riguroso protocolo en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
Las verificaciones incluyeron el cotejo de identidades, controles biométricos e intercambio de información en tiempo real con bases de datos nacionales e internacionales.
Durante este procedimiento, se constató de manera taxativa el cumplimiento de los requerimientos legales y sanitarios del acuerdo bilateral. Se confirmó la total inexistencia de antecedentes judiciales entre los 10 ingresantes, de nacionalidades boliviana, chilena, dominicana y un paraguayo, garantizando los compromisos de seguridad interna asumidos por el Estado.
Al igual que en el primer contingente recibido en abril, estas personas ingresan estrictamente bajo la condición jurídica de estadía transitoria con fines humanitarios. El director de Migraciones, Jorge Kronawetter, y el Ministerio de Relaciones Exteriores aclararon previamente que el programa contempla un tope máximo de hasta 25 personas por mes, manteniendo Paraguay su soberanía absoluta para aceptar o rechazar los traslados.
“Los aspectos logísticos vinculados a su permanencia transitoria en el país serán gestionados y financiados íntegramente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La entidad internacional cubrirá la asistencia inicial, alojamiento, alimentación y los trámites de rigor para el posterior retorno voluntario asistido y seguro a sus respectivos países de origen”, detallaron desde Migraciones.
La vigencia de este acuerdo bilateral con Washington busca desalentar la migración ilegal masiva en la región y cooperar en el ordenamiento de las fronteras bajo el pleno respeto a los derechos humanos, asegurando que el proceso no represente costo financiero alguno para el erario público paraguayo.