En ese contexto, en entrevista con La Tribuna, Vera enfatizó la nula carga presupuestaria para las arcas públicas. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) será la entidad encargada de cubrir todos los gastos, desde el arribo de los ciudadanos hasta su salida del país.
El carácter de la estadía será “más que transitorio”, estimándose una permanencia de entre 3 y 7 días en suelo paraguayo. Debido a que el acuerdo no compromete financieramente al Estado ni establece nuevas posiciones políticas en foros internacionales, la Cancillería dictaminó que no es necesaria su ratificación por el Congreso Nacional.
Si bien el objetivo primordial es el tránsito, existe la posibilidad legal de que los migrantes soliciten refugio formal en Paraguay. Ante esto, Vera señaló: “Si la persona no justifica que es perseguida por su condición de raza, religión, sexo o grupo político, la solicitud será rechazada. No se admite el refugio por razones puramente económicas”.
Aquellos que no califiquen para el estatus de refugiado tendrán la opción de intentar una regularización ordinaria ante la Dirección Nacional de Migraciones; de no lograrlo, deberán abandonar el país de manera obligatoria.
<b>Confidencialidad y derechos</b>
En cumplimiento con la Ley 1938 General sobre Refugio, el Gobierno aseguró que todos los datos de los migrantes se manejarán bajo estricta confidencialidad para proteger su integridad.
Finalmente, el titular de la Conare destacó que este acuerdo es un “voto de confianza” de los Estados Unidos hacia Paraguay en materia de derechos humanos y cooperación internacional, reforzando la capacidad institucional del país con el apoyo técnico de la Acnur.