La propuesta de elevar el máximo de 8 a 15 años, ya aprobada por el Senado, encuentra resistencia en sectores técnicos que plantean un límite de 10 años como alternativa más acorde al sistema juvenil.
El artículo 207, que regula la expectativa máxima de pena para adolescentes, se convirtió en el eje de una disputa que expone diferencias entre el enfoque punitivo y el restaurativo.
Mientras algunos legisladores impulsan el aumento a 15 años como respuesta a casos de violencia extrema, otras voces advierten que el cambio debe respetar la naturaleza diferenciada del sistema penal juvenil.
En ese contexto, el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, fijó posición en una entrevista con La Tribu 650, donde sostuvo que, si bien es razonable revisar el límite vigente, un máximo de 10 años resulta más adecuado.
Argumentó que la legislación comparada respalda ese criterio y que los países que alcanzan los 15 años son una excepción.
Diferencias en el Congreso
La iniciativa de elevar la pena a 15 años surgió tras casos de alto impacto que involucran a adolescentes como autores de homicidios, lo que generó una fuerte presión social.
Sin embargo, la Comisión de Niñez del Congreso, encabezada por la senadora Lizarella Valiente, coincide con el planteamiento del Ejecutivo de establecer un techo menor.
Desde este sector se advierte que un aumento excesivo puede desvirtuar el sistema de responsabilidad penal adolescente, que está diseñado bajo principios distintos al régimen adulto.
Enfoque restaurativo en discusión
Gutiérrez subrayó que el incremento de penas no resuelve por sí solo la problemática de la violencia juvenil. Señaló que, en el caso de adolescentes, el objetivo central debe ser la reinserción social.
El ministro vinculó además la discusión con la necesidad de fortalecer las políticas preventivas. Indicó que, según estadísticas del Ministerio Público, el 80% de los casos de abuso sexual tienen como víctimas a menores de 14 años.
En esa línea, destacó que en los últimos dos años unas 200.000 personas fueron capacitadas en programas de prevención impulsados por su cartera, en acciones que combinan campañas comunicacionales y trabajo territorial.