El debate sobre el control y la administración de los recursos destinados a la alimentación escolar volvió a instalarse en el escenario político luego de que la Cámara de Senadores otorgara media sanción a un proyecto que modifica la gestión de parte de los fondos del programa Hambre Cero.
La iniciativa plantea transferir al Ministerio de Desarrollo Social la administración de los recursos que actualmente manejan las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, ampliando el esquema de centralización ya aplicado en Asunción, Central y Presidente Hayes. El proyecto fue impulsado en el Senado a pedido del legislador Silvio Ovelar y ahora deberá ser analizado por la Cámara de Diputados.
En medio de la discusión legislativa, el presidente del Congreso, Basilio Núñez, advirtió sobre la necesidad de garantizar transparencia en el manejo de los recursos públicos y sostuvo que los organismos de control deben vigilar permanentemente la ejecución de programas sociales financiados con fondos del Estado. El legislador también alertó sobre el riesgo de que iniciativas de alto impacto territorial puedan ser utilizadas con fines políticos o económicos si no existen controles efectivos.
La decisión del Senado generó preocupación entre gobernadores que ejecutan el programa en los departamentos. Desde el Consejo de Gobernadores, autoridades departamentales defendieron el modelo vigente y solicitaron una reunión con el presidente de la República para analizar el futuro del sistema de administración.
El programa Hambre Cero alcanza actualmente a más de 1.050.000 estudiantes de la educación inicial y escolar básica en más de 7.000 instituciones educativas de todo el país, con la provisión de desayuno, almuerzo y merienda durante los 180 días del calendario escolar.