La Contraloría General de la República informó que entre 2019 y 2025 realizó múltiples auditorías que derivaron en 257 denuncias ante el Ministerio Público, por presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos.
Según el informe, el monto referencial del posible perjuicio patrimonial asciende, al cambio actual, a unos 800 millones de dólares, cifra que equivale al déficit de la Caja Fiscal y que refleja la magnitud de los casos remitidos para investigación.
Desde la Contraloría señalaron que los casos remitidos abarcan distintas instituciones y niveles de la administración pública, y que las denuncias incluyen presuntas irregularidades administrativas, inconsistencias contables y posibles hechos punibles vinculados al uso de fondos estatales. Indicaron además que el envío de los antecedentes al Ministerio Público forma parte del procedimiento establecido tras las auditorías, con el objetivo de que se determinen eventuales responsabilidades civiles o penales y se impulsen las acciones correspondientes para la recuperación de los recursos.
Durante la emisión de ayer jueves del programa Espresso Informativo, por La Tribu 650 AM, el auditor Leandro Villalba señaló que existen otros casos que no están incluidos dentro del monto oficial de 800 millones de dólares correspondiente al período 2019-2025.
Mencionó, por ejemplo, el proyecto del acueducto del Chaco, en el tramo Puerto Casado–Loma Plata, donde se invirtieron aproximadamente 104 millones de dólares y que actualmente se encuentra inoperativo, a la espera de nuevas inversiones por parte de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) para completar parte de la infraestructura necesaria. Asimismo, recordó el caso del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que el año pasado fue remitido al Ministerio Público a pedido del Congreso Nacional del Paraguay y que involucraría alrededor de 7.000 millones de guaraníes.
En ese contexto, sostuvo que, realizando un cálculo estimativo que incluya estos y otros casos, el perjuicio patrimonial podría incluso acercarse a los 1.000 millones de dólares. No obstante, aclaró que el monto oficial informado por la Contraloría se mantiene en torno a los 800 millones de dólares al cambio actual, cifra que calificó como “impresionante” por su magnitud.
Villalba subrayó que el caso más emblemático es el del Instituto de Previsión Social (IPS), donde el manejo de medicamentos presentaría irregularidades que superarían el billón de guaraníes.
El ministro del Interior, Enrique Riera, reaccionó ante estas cifras señalando que con ese nivel de recuperación de activos se podría cubrir el déficit acumulado de la Caja Fiscal. Igualmente, enfatizó que el problema central no es solo la detección de las irregularidades, sino la impunidad resultante de una justicia permeada por la política.
Refuerzo de controles preventivos
El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que el 28% de las sucursales bancarias del país se encuentran en el departamento de Itapúa, lo que —a su criterio— justifica la implementación de un plan específico que refuerce los mecanismos de control, reacción y protección en la zona.
En ese contexto, explicó que el decreto oficializado el miércoles por el Poder Ejecutivo, que habilita el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, es de reciente aplicación y que su implementación aún se encuentra en etapa de articulación. “No es que funcione todavía como una máquina perfectamente coordinada y aceitada, porque se trata de lógicas institucionales diferentes”, admitió.
No obstante, destacó que el ministro de Defensa, Óscar Gonzalez, fue uno de los primeros en comunicarse y que la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur (FTSUR) quedó a disposición del comandante para actuar de manera proporcional a la amenaza, conforme a lo establecido en el decreto.
Para la senadora Celeste Amarilla, quien estuvo como invitada en programa Tribu Nativa por La Tribu 650 AM, la presencia de fuerzas militares en zonas estratégicas del país constituye una medida positiva y bien recibida por la ciudadanía, que —según sostuvo— percibe un mayor nivel de protección con el refuerzo de la seguridad.
Respecto a las versiones que señalan una eventual violación de la Constitución Nacional, dado que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en tareas de seguridad interna, la legisladora afirmó que es fundamental precisar y explicar con claridad los alcances del decreto, a fin de despejar dudas jurídicas y asegurar que su aplicación se enmarque estrictamente dentro de la legalidad vigente.