La intervención en el barrio Laurelty de Luque permitió desmantelar un punto de acopio vinculado al PCC, con drogas, dinero y un celular clave para la investigación. La Senad incautó estupefacientes y varias evidencias que permiten avanzar en el mapa criminal.
La tarde del viernes 21 de noviembre en el barrio Laurelty de Luque quedó abruptamente interrumpida cuando, tras un período de sigilosa vigilancia, agentes especiales de la Senad irrumpieron en una vivienda utilizada, según inteligencia, como un estratégico punto de acopio y distribución de drogas vinculado al temido Primer Comando Capital (PCC).
El operativo se llevó a cabo luego de semanas de seguimiento a los movimientos de Júnior Javier Zorrilla Morínigo, de 28 años, quien era señalado por informantes y reportes técnicos como un proveedor activo que abastecía a microtraficantes de la zona urbana, operando con aparente normalidad desde el interior del inmueble ahora allanado.
El equipo táctico ingresó a la casa y sorprendió al sospechoso en pleno funcionamiento de su rutina, en cuestión de segundos, Zorrilla Morínigo fue reducido y detenido, mientras los agentes procedían a registrar cada rincón del lugar que, según los reportes previos, funcionaba como un pequeño, pero constante centro de distribución. Durante la requisa, los intervinientes hallaron pasta base y clorhidrato de cocaína, fraccionados y listos para la venta. Las sustancias equivalen a unas 80 dosis, suficientes para abastecer a consumidores de distintos puntos de Luque. Además, se incautaron de dinero en efectivo y un teléfono celular, elementos que los investigadores consideran claves para reconstruir el flujo de comunicación y la red de contactos del detenido.
De acuerdo a la declaración de Francisco Ayala, de la Senad, el golpe representa un paso más en la ofensiva contra personas consideradas enlaces locales del primer comando capital, estructura criminal que intenta expandir su influencia mediante pequeños distribuidores insertados en barrios urbanos.
Por su parte el fiscal interviniente, el abogado Marco Amarilla, quien dispuso la detención del sospechoso y la inmediata remisión de todas las evidencias para su análisis, confirmó la imputación del detenido bajo el tipo penal de tenencia ilegal de estupefacientes, prevista en el artículo 27, de la Ley 1340/88 con una expectativa de pena privativa de libertad de entre 5 a 15 años de cárcel. En cuanto a su implicancia en otros hechos punibles como asociación criminal, la fiscalía analizará los indicios y posibles vínculos con grupos delictivos con el objetivo de aplicar las sanciones correspondientes contempladas.